El viceministro de Trabajo, Luis Ernesto Carles, informó ayer que este martes 3 de agosto se instalará la mesa diálogo que discutirá los posibles cambios a la Ley 30, conocida como ley 9 en 1.
En esa mesa participarán el sector empresarial y el de los trabajadores, dijo. El evento se realizará en el Salón Paz del Palacio de las Garzas, desde las 2:00 p.m.
Según Carles, en este diálogo se podrá evaluar “artículo por artículo” de la citada ley.
La creación de esta mesa de diálogo formó parte del acuerdo entre trabajadores bananeros y el Gobierno, que puso fin una huelga y a violentos disturbios en Bocas del Toro contra la Ley 30 que dejaron dos muertos y más de 200 heridos.
Sin embargo, la Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi) –uno de los grupos invitados– informó que por el momento no participará de ese diálogo.
Genaro López, secretario general de Conusi, dijo que mientras no se derogue la Ley 30, la “ley carcelazo”, y no termine la persecución contra dirigentes sindicales, no habrá clima de diálogo.
Mientras, Rafael Chavarría, coordinador del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), dijo que participarán, pero con la condición de que se deroguen igualmente las leyes que exige Conusi.
Ayer, el pleno de la Asamblea Nacional decidió postergar para este lunes 2 de agosto el inicio del segundo debate al proyecto de ley que suspende los artículos 12, 13 y 14 de la Ley 30.
Mientras tanto, dirigentes ambientalistas denunciaron que la controvertida Ley 30, cuyo contenido modifica tres códigos y seis legislaciones, favorece la apertura del tapón de Darién.
La directora ejecutiva de la Fundación ANCON, Alida Spadafora, estimó que la polémica legislación viene “como anillo al dedo” a los planes de penetración humana en las selvas tropicales limítrofes con Colombia.
Por su lado, el diputado Rogelio Paredes propuso un proyecto de ley que declara una “amnistía política” para suspender todos los procesos legales que sigue el Ministerio Público por los disturbios y actos vandálicos en Bocas del Toro durante las protestas contra la Ley 30.
La amnistía alcanzaría a 155 personas que mantienen procesos por los disturbios en Bocas del Toro.
