A simple vista parece un trámite correcto. Sin embargo, el mecanismo que usó el Gobierno para autorizar un pago de 200 mil dólares a la ministra de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme), Giselle Burillo, está plagado de inconsistencias.
En diciembre de 2009, el Ministerio de Vivienda (Mivi) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobaron una contratación directa para pagarle a Burillo una deuda supuestamente contraída por el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009), por el alquiler del edificio Floriat entre los años 2005 y 2007. Es decir, dio luz verde al pago de un alquiler expirado y que nunca llegó a contar con el refrendo de la Contraloría.
El gobierno de Ricardo Martinelli se las arregló para resolver, sin problemas, el reclamo que mantenía una de las integrantes de su Gabinete y que durante la pasada campaña electoral lo ayudó para atacar a su rival política, Balbina Herrera, desde dentro de su propio colectivo, el Partido Revolucionario Democrático (PRD).
No habían transcurrido ni seis meses de que la actual administración presidencial llegara al poder, cuando el Ejecutivo autorizó sacar una partida del presupuesto de 2009 para pagar un servicio que no estaba contemplado, y que además no correspondía a su vigencia.
