El ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, comentó ayer que los 56 africanos que se encuentran en Panamá serán repatriados a sus países de origen, aunque no precisó la fecha.
“Aquí no se quedan. Son personas con diferencias de todo tipo que no tienen nada que hacer aquí” , dijo el jefe de la cartera. “No nos conviene ni nos interesa”, agregó.
También se informó que los gastos de repatriación estarán a cargo del Estado.
Desde junio pasado, las autoridades han detectado a varios grupos de africanos en distintos puntos del país. Los últimos 14 fueron encontrados en el mar por los lados de Jaqué, en la provincia de Darién y deportados a Colombia, de donde venían.
De acuerdo con información del Servicio Nacional de Migración, entre los hospedados en los albergues de Migración y los que permanecen en La Palma y en Metetí –también en Darién– hay 31 somalíes, 12 eritreos y tres etíopes.
Para José Mendoza, del Servicio Jesuita a Refugiados, la decisión del Gobierno de repatriar a este grupo de personas sería un error si se toma en cuenta que buena parte de ellos había pedido refugio internacional.
“Muchos habían hecho sus solicitudes de refugio y todavía no se les ha cumplido el debido proceso. Debe haber una resolución oficial que les niegue la petición de refugio”, destacó Mendoza.
Esa resolución todavía no ha sido emitida. De hecho, el propio director de la Oficina Nacional para la Atención del Refugiado, Juan Carlos Orillac, informó hace unas semanas que la entidad había concluido con las entrevistas a todos.
Mientras esto ocurre en Panamá, las autoridades de Costa Rica analizan la posibilidad de otorgar asilo a 41 africanos abandonados entre junio y julio en la zona caribeña del país.
Según información de la agencia de noticias AP, los africanos llegaron al país vecino por un grupo dedicado al tráfico de personas que les había prometido llevarlos a Canadá.
Se trata de 24 migrantes de Eritrea, ocho de Etiopia y ocho de Somalia, así como una mujer de Guinea.
