La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, se defendió ayer de la acusación relacionada con delitos contra la administración pública, presentada por el ex fiscal Arquímedes Sáez.
Gómez argumentó que nunca autorizó la intervención de los teléfonos de Sáez, sino los de Miguel Ángel Zambrano, quien en 2005 acusó al entonces fiscal de La Chorrera de pedirle dinero a cambio de no trasladar a su hija del sistema transitorio de la cárcel chorrerana, al Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia de Chiari, en la capital.
Zambrano ya había entregado 600 dólares a Sáez y le denunció porque le pidió 2 mil dólares más.
Frente a esta queja, el fiscal auxiliar Luis Martínez solicitó a la Procuradora la intervención de los teléfonos de Zambrano y los de un familiar –que sirvió de intermediario para la entrega del dinero, no los de Sáez.
Esas escuchas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema, por considerar que Gómez no era “autoridad competente” para intervenir teléfonos.
Aunque el fallo data del 17 de julio de 2007, no fue sino hasta el 15 de julio pasado –dos años después cuando Sáez presentó una querella penal contra Gómez por la supuesta comisión de delitos contra la seguridad colectiva y la administración pública.
Como prueba sumaria, aportó, precisamente, el fallo de la Corte.
La querella fue admitida por el secretario general de la Procuraduría de la Administración, Nelson Rojas, ya que el titular del cargo, Óscar Ceville, se declaró impedido. Ambos funcionarios trabajaron en el Ministerio de la Presidencia durante la gestión de Ernesto Pérez Balladares. Ceville fue incluso magistrado de la hoy extinta Sala Quinta.
En una carta a Rojas, Gómez alega que se han transgredido sus garantías constitucionales, ya que, entre otras cosas, se admitió a Sáez como querellante, mientras que a ella no se le indicaron qué derechos le asisten.
En lo que respecta a la denuncia contra Sáez, el ex fiscal se encuentra libre bajo fianza y existe un llamamiento a juicio en su contra, desde el 15 de diciembre de 2008, al ser sorprendido, in fraganti, recibiendo los 2 mil dólares de “coima” en su residencia en San Antonio, La Chorrera.
