Hallan más anomalías en inscripción de fincas



Trámites vinculados con las escrituras de las fincas usadas como garantía para el pago de las fianzas de excarcelación de Eva Lorentz, Milagros Valdés y José Alcibiades Ballesteros, acusados por la liberación de cuatro supuestos narcotraficantes en Azuero, no aparecen en el libro de anotaciones de asientos del Registro Público de Bocas del Toro, donde fueron inscritas.

Así lo comprobaron funcionarios del Ministerio Público que se trasladaron la semana pasada a Bocas del Toro, con el fin de realizar inspecciones oculares en el Registro Público y en la notaría primera de esa provincia, donde se efectuaron trámites relacionados con las fincas.

Fuentes ligadas a la investigación informaron ayer que entre las anomalías descubiertas destaca, por ejemplo, que en la sección de Ingreso de Documentos del Registro Público de la provincia de Bocas del Toro se inscribieron dos escrituras públicas relacionadas con la finca usada como aval para la fianza de Eva Lorentz, que previamente habían sido registradas en la notaría cuarta de Panamá.

Se trata de las escrituras número 2017 y 3419. El primer caso tiene que ver con la compra y venta de esta finca y el segundo guarda relación con el aumento del valor de 5 mil dólares a 2 millones de dólares.

Además, según las fuentes, otra escritura pública, la 1433 inscrita en la notaría cuarta de Panamá, muestra anomalías. En este caso se aumentó el valor a la finca 319525 de 5 mil a 477 mil 356 dólares. Esta fue la finca que respaldó las fianzas de Valdés y de Ballesteros.

Según las fuentes, los funcionarios intentaron inspeccionar la notaría primera de Bocas del Toro, pero el notario no estaba, por lo que la Fiscalía Auxiliar dio instrucciones a su oficina delegada en la provincia, para que efectúe la inspección ocular en otra ocasión.

Se pretende verificar la escritura 662 del 25 de octubre de 2010, en la que Miguel Amat T. vendió la finca 319525 a la sociedad Mastranto Oil Corporation; y la escritura pública 700 del 11 de noviembre de 2010, por medio de la cual Mastranto Oil Corporation vendió la referida finca a Marcial Orlando Molina Arrieta.

La fiscalía también prevé inspeccionar Catastro y la oficina de Reforma Agraria.

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