El olor a hidrocarburo era penetrante y varias manchas negras, algunas ocupando más espacio que otras, sobresalían en medio del verde herbazal.
Pero no era lo único que contaminaba el lugar. También había tanques llenos de basura, botellas de plástico, mangueras y 27 tanques de plástico –de 25 galones y 55 galones–, tres de ellos llenos de hidrocarburo.
Toda una paradoja. La zona contaminada está a casi 50 metros de la empresa Ocean Pollution Control (OPC), en Corozal, la que se dedica a limpiar derrames de tóxicos en el país y que, ahora, es investigada por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) por verter hidrocarburos al suelo.
La empresa ha negado ser responsable del hecho. Sin embargo, en horas de la tarde del pasado jueves, la AMP detectó a trabajadores de OPC vertiendo la sustancia al suelo. Estos fueron detenidos para ser investigados por las autoridades de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), y ayer en horas de la tarde fueron liberados.
La AMP aún mantiene retenidos tres camiones cisterna y los vehículos pick up de propiedad de OPC que estaban en el lugar y desde los cuales, según las autoridades, era descargada la sustancia contaminante.
“Cuando los inspectores de la AMP llegaron, todavía las mangueras de los cisterna estaban vertiendo el producto, y en ese momento dejaron de hacerlo”, dijo Carlota Mattos, directora del departamento legal.
Tanto Roberto Linares, administrador de la AMP, como Javier Arias, administrador de la Anam, hablan de una “grave” contaminación.
“Podemos decir preliminarmente que el grado de contaminación es muy alto. No solamente por los malos olores, sino por los impactos al suelo”, indicó Arias.
Para Arias, es evidente que la empresa ha estado vertiendo la sustancia química desde “hace mucho tiempo”.
Funcionarios de la Dirección de Calidad Ambiental de la Anam tomaron muestras para determinar el grado de contaminación y el tipo de producto vertido.
En tanto, el departamento de Contaminación de la AMP adelanta un informe sobre el tema, con el fin de decidir las sanciones que se le impondrán a la empresa.
La AMP tiene facultad para multar hasta con 200 mil dólares y la Anam puede imponer multas de hasta un millón de dólares. Más allá de esas sanciones, se ha mencionado la posibilidad de rescindir el contrato de concesión que tiene OPC con el Estado desde 1997.
En ese año, Hugo Torrijos, director de la entonces Autoridad Portuaria de Panamá (ahora AMP), le otorgó a OPC una concesión directa para dar los servicios de control de contaminación a las embarcaciones que pasan por aguas territoriales de Panamá.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) también hizo una inspección en el lugar. La oficina de Relaciones Pública de la entidad informó que el área afectada es un humedal, pero aclaró que el hidrocarburo no ha llegado a las aguas que se utilizan para operar el Canal de Panamá.
OPC emitió un comunicado el jueves en la noche, en el que aseguró que en ningún momento sus camiones ni su equipo de mangueras estaban manchados, lo que indicaba que la sustancia no procedía de sus cisterna. Además, que ningún empleado ha descargado derivado de petróleo en el lugar.
Ayer, tras las inspecciones, se intentó obtener una nueva reacción de la empresa, pero dijeron que al no permitírseles entrar al área afectada, preferían no dar una nueva declaración.
Una fuente vinculada al proceso informó que Gregorio Chuljack, gerente operativo de OPC, le manifestó a funcionarios de la AMP que todo había sido un error de los operarios de los cisterna, quienes vertieron las aguas oleosas en la zona.
