El Tribunal de Cuentas rechazó un recurso de nulidad a favor de Hugo Torrijos Richa, ex director de la Autoridad Portuaria de Panamá, y Sabina González, abogada de la firma Torrijos & Asociados, ambos implicados en las investigaciones del caso Ports Engineering and Consultans Corp (PECC).
En este proceso se investiga una lesión patrimonial de 18 millones 450 mil dólares, tras el otorgamiento de una concesión para dar mantenimiento a faros y boyas.
El pasado 25 de mayo, mediante Resolución No. 2-2010, el Tribunal de Cuentas (con la ponencia del magistrado Oscar Vargas) rechazó “por extemporáneo” un incidente de nulidad que presentó tres meses antes (el 23 de febrero) la firma de los abogados defensores de Torrijos y González.
En la resolución se ordenó compulsar copias del incidente de nulidad a la Procuraduría de la Nación, para que investigue la presunta comisión del delito contra la administración pública.
Los abogados defensores solicitaron al Tribunal que se declarara nula la ampliación de estas investigaciones, que se levantaran las medidas cautelares, y se ordenara el cese y archivo del expediente. Ninguna de estas peticiones fue aceptada.
La defensa sostiene que en el expediente no hay ninguna prueba que demuestre que Torrijos o González son accionistas, dignatarios, directores o agentes residentes de PECC.
También resaltan un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucionales las actuaciones del ex contralor Alvin Weeden, por considerar que uno de los investigados, el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, tenía inmunidad.
Entre las razones que esgrime el Tribunal de Cuentas para no archivar la investigación sobre PECC, está que todavía no han declarado dos implicados que se encuentran en el extranjero: Ana María Legendre y Robert James Vecchio.
El fallo también recoge la opinión del fiscal de Cuentas, Carlos Quintanar, que se opuso al archivo del expediente, como reclaman Torrijos y González.
En abril, el ex presidente de PECC Charles Jumet fue sentenciado en Estados Unidos a 87 meses de prisión por pagar sobornos a funcionarios panameños, a cambio de la concesión.
Jumet confesó haber conspirado para pagar sobornos a funcionarios, entre ellos, “al más alto funcionario de elección”. PECC recibió la concesión en el gobierno de Pérez Balladares; Torrijos y Rubén Reyna dirigían entonces la Autoridad Portuaria.
