Las instituciones del Estado pierden la mitad de las impugnaciones que las empresas presentan ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.
La razón, según el magistrado presidente de esa entidad, José Antonio Carrasco: el incumplimiento de las formalidades legales.
De 107 casos atendidos durante los dos últimos años, 50 fueron fallados a favor de la empresa que impugnó la licitación.
Representantes del sector privado aseguran que esto afecta las finanzas públicas y a quienes deben beneficiarse de las obras.
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