De nada sirvió el acuerdo firmado el lunes entre varios ministros y el supuesto cacique general de la comarca Ngäbe Buglé, Rogelio Moreno, en el que el gobierno se comprometía a no otorgar concesiones mineras en las comarcas. Tampoco sirvió que ese acuerdo se convirtiera en un decreto ejecutivo suscrito por el presidente, Ricardo Martinelli. Las protestas indígenas continuarán.
Las acciones comenzarán mañana en 13 puntos del territorio nacional y, según informó Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de la comarca Ngäbe Buglé, los grupos indígenas empezaron desde ayer a bajar de las comunidades más alejadas de la montaña.
“Moreno es un autonominado cacique de la comarca. La población indígena no le ha dado su voto”, explicó Montezuma, quien está en San Félix (Chiriquí) coordinando las protestas.
De hecho, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Gerardo Solís, confirmó que Rogelio Moreno no fue elegido en proceso electoral alguno. “No hubo una convocatoria ni se invitó al pueblo ngäbe buglé a votar. Por ende, él no es reconocido por la Ley Órgánica de la comarca” explicó Solís.
Los pueblos originarios reconocen como líder a Máximo Saldaña. Sin embargo, Montezuma indicó que él tampoco es la persona autorizada para negociar con el gobierno.
Con respecto a las manifestaciones que se realizarán mañana, el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, aseguró que no enviarán a los agentes de Control de Multitudes. “Si quieren seguir manifestándose, es potestad de ellos [los indígenas]. Nosotros [el gobierno] estamos cerrando el capítulo”, indicó Papadimitriu.
Más apoyo
Elvis Rodríguez, presidente de la Asociación Panamá Verde, se sumó a las voces que se oponen a las reformas hechas al Código Minero, alegando que la Ley 8 de 2011 “abre la oportunidad a que otros países o empresas extranjeras vengan a explotar los recursos naturales que por Constitución pertenecen a todos los panameños”.
En consecuencia, Rodríguez alegó que se debe derogar la Ley 8 y decretarse una moratoria para las actividades de explotación minera a cielo abierto, con el fin de proteger los recursos naturales del país.
Mientras, el presidente de la Asociación para la Conservación de la Biosfera de Chiriquí, Ezequiel Miranda, comentó que no se trata de llegar a acuerdos solo con los pueblos indígenas, sino con todos los panameños que se oponen la explotación de minas en el país.
“Aquí no solamente estamos hablando de cerro Colorado, sino de todas las demás áreas donde se pretende explotar los recursos minerales. Por tanto, es prioridad que se derogue la ley”, añadió Miranda.
‘Moreno, al cepo’
“Un total de siete cepos –madero grande para aplicar castigo– están preparados para castigar al autodenominado cacique general Rogelio Moreno por “negociar con el gobierno a espaldas del pueblo Ngäbe Buglé”.
Igual castigo recibiría el presidente Martinelli, “porque no ha cumplido con el pueblo indígena con respecto a la ley minera”, dijo Octavio Rodríguez, subsecretario del Congreso General.
“Estamos esperando a Mesele (nombre de Rogelio Moreno en Ngäbe, que significa cangrejo) para castigarlo en cualquier distrito de la comarca, porque negoció a espaldas de nosotros”, advirtió Rodríguez. (Con información de Sandra Rivera y Flor Bocharel)
