La legalidad de los indultos otorgados la semana pasada por el presidente, Ricardo Martinelli, está en entredicho.
Los artículos 184 (numeral 12) de la Constitución y 115 del Código Penal establecen que los indultos presidenciales solo son aplicables a delitos “de naturaleza política”. Pero entre los beneficiados por Martinelli hay, por lo menos, ocho policías investigados por homicidio.
También está el hecho de que el indulto solo aplica para rebajar penas o conceder libertad condicional. Pero los policías indultados por Martinelli aún esperan una decisión judicial, ya que sus casos están en etapa de investigación.
El tema tendrá que ser debatido ahora por la Corte Suprema de Justicia, ya que Rosibel Vergara, abogada de los familiares de dos pescadores muertos a tiros por agentes de la policía en Playa Leona, anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad.
Por la muerte de los hermanos Dagoberto y Rigoberto Pérez Rivas están acusados los sargentos Agustín Reyna y Rafael Caicedo y los cabos Ron Rodríguez, Rodolfo Buigobo y Artemio Díaz. Los cinco fueron indultados por Martinelli.
Hay un sexto implicado en este doble homicidio que se encuentra detenido y no fue beneficiado con medida alguna. Vergara se pregunta cómo se puede archivar el expediente, si hay un acusado tras las rejas.
Los familiares de los hermanos Pérez Rivas acudieron ayer al Ministerio Público (MP) a pedir explicaciones, pero nadie los atendió.
Domingo Ábrego, que viajaba con ellos en la embarcación la noche que fueron baleados por los policías, recordó que éstos abrieron fuego “sin siquiera mediar palabra”.
Otros policías favorecidos por la gracia presidencial son Ricardo Valle, César Herrera, Miguel Ortega y Jorge Atencio, implicados en la muerte de Clarissa Marbelis Urriola, una embarazada de 17 años de edad.
Al darse los indultos, el procurador suplente, Giuseppe Bonissi, comentó que los expedientes se archivarían. Nada dijo, sin embargo, de que los beneficiarios incluían personas investigadas por homicidio.
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal puntualizó que los indultos de Martinelli deben correr la misma suerte que los 183 concedidos por Mireya Moscoso en agosto de 2004. En esa lista estaban el presunto terrorista Luis Posada Carriles y tres de sus cómplices.
En julio de 2008, la Corte los declaró inconstitucionales y ordenó que los casos regresaran al estatus que tenían en agosto de 2004.
Para Bernal, el Presidente “fue engañado o se dejó engañar”, y alguien en el MP o el Órgano Judicial debió advertirle que estaba “violando la Constitución”.
