El año pasado ingresaron 249 procesos civiles a la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles, que suman una cuantía de 628.8 millones de dólares.
En enero de 2011 se abrieron otros 6 casos que totalizan 6.8 millones de dólares, según un informe de gestión de la citada fiscalía. En los seis procesos, el Estado aparece como demandado.
Con los 249 procesos ingresados en 2010 y los 6 de enero pasado, la cifra de casos que atiende la Fiscalía Superior se sitúa en 562.
El fiscal William Parodi señaló que los casos en los que el Estado es el sujeto demandado usualmente tienen que ver con procesos de anulación y reposición de títulos (cheques certificados de garantía, cerpan, etc.).
En estos casos, destacó Parodi, las instituciones públicas deben prepararse para asumir el papel de demandantes.
“Muchas veces hay incumplimiento de contratistas, y el Estado no reclama la fianza y pierde. Estamos hablando con las propias instituciones, porque son ellas las que deben presentar la demanda, y nosotros darles seguimiento”, recalcó.
Otro problema es la falta de peritos para tener pruebas idóneas. Muchos de los peritos son designados por las instituciones estatales, pero no son relevados de sus tareas en los departamentos u oficinas. Además, no se les aprueba viáticos ni se les paga tiempo compensatorio. Parodi lamentó carecer de presupuesto para compensar estas necesidades.
Otro escollo es que a veces los sujetos demandados no comparecen y tampoco hay dinero para nombrarles un defensor de ausente.
Recientemente, la fiscalía se anotó un triunfo al lograr que el ex coronel de las Fuerzas de Defensa Pedro Marcos Justine fuera condenado a pagar 1.58 millón de dólares en indemnización al Estado: 988 mil 800 dólares corresponden a daños y perjuicios, y 593 mil 280 en concepto de intereses.
El fallo está en trámite de ejecución. Un juzgado ya ordenó al Banco Nacional de Panamá (BNP) y al HSBC –donde hay cuentas a nombre de Justine, previamente secuestradas– que entregue ese dinero al Tesoro.
