A la 1:35 p.m de este viernes, se aprobó en tercer debate el proyecto 305 que reforma la Ley 22 de 2006 que regula las contrataciones públicas en Panamá.
El documento debe ser sancionado ahora por el presidente Juan Carlos Varela, y seis meses después entrará en vigencia.
En la jornada del pasado jueves, el pleno legislativo rechazó una propuesta de siete diputados que pedían incorporar al proyecto 305 una cláusula que inhabilita a las empresas condenadas en Panamá y el extranjero, por los delitos contra la administración pública, blanqueo de capitales o delitos contra la seguridad colectiva, el patrimonio económico y la fe pública.
La iniciativa había sido avalada por el procurador de la Administración, Rigoberto González; por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, y por el Movimiento Independiente (Movin).
La diputada independiente Ana Matilde Gómez se quejó este viernes por lo que llamó "la mediocridad legislativa".
Criticó que sus colegas se conformaran con hacer una ley que es mejor a la ya existente, pero que a su juicio dista mucho de ser la norma que el país merece.
"Debemos darle al mundo un mensaje de que en Panamá no se tolera la corrupción", indicó.
Manuel Cohen, diputado de Cambio Democrático (CD), agradeció la colaboración de diferentes entes del gobierno para elaborar esta ley y felicitó al actual director de Contrataciones Públicas, Eduardo Corro.
"Este es un proyecto de ley conveniente. Tenemos mucho tiempo de trabajar en él. Contiene todos los principios de la contratación pública. Amplía el concepto de división de materia y elimina la compra abreviada. Pone límites a las adendas. La norma se consultó ampliamente con todos los sectores del país. No hay ley perfecta que pueda complacer a todos a la vez", precisó.
El diputado panameñista José Luis Varela también elogió el proyecto de ley y cuestionó la factibilidad de inhabilitar a las empresas condenadas en el extranjero.
"Era una propuesta totalmente impráctica... [Si se hace esta lista] vamos a tener a la Dirección General de Contrataciones Públicas haciendo investigaciones judiciales en otros países. Con licitaciones paradas. Lo único que íbamos a hacer es que las empresas contrataran abogados para impugnar licitaciones", explicó.
"Esta ley es un avance. Hay más cosas buenas que malas. Eliminamos las adendas por encima del 40% y las contrataciones abreviadas. En PanamáCompra deberá estar quiénes son los dueños de las empresas. Hicimos que las aseguradoras tengan certificación internacional para garantizar que tengan los fondos en caso de que una obra tenga problemas. Esta ley es un avance a la transparencia y en que las cosas se hagan mejor", añadió.
La discusión en tercer debate duró 34 minutos.
PLENO | Aprobada Ley 305 que reforma el texto único de la Ley 22 de #contratacionp pic.twitter.com/dh5Z4dR38E
SOBRE LA CORRUPCIÓN
El pasado jueves 28 de abril, por 38 votos en contra, seis a favor y cinco abstenciones, el pleno legislativo rechazó la propuesta que buscaba inhabilitar en los contratos con el Estado a las empresas extranjeras condenadas en el exterior por actos de corrupción.
El proyecto original que presentó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sí contempla la inhabilitación de personas naturales y jurídicas condenadas en tribunales panameños.
Diputados del oficialista Partido Panameñista, de Cambio Democrático (CD), del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y del Molirena se apegaron a la línea del Ejecutivo para rechazar las propuestas de modificación que buscaban la inhabilitación de contratar con el Estado a empresas condenadas en el extranjero.
