José Raúl Mulino, ministro de Seguridad, anunció que no piensa renunciar, porque no tuvo “nada que ver” con el incendio del pasado 9 de enero en el Centro de Cumplimiento de Menores.
Eso no es lo que piensa la sociedad civil organizada y el opositor Partido Popular (PP), que reclaman su pronta salida.
Ayer, la Asamblea Ciudadana –que aglutina a 18 organizaciones gremiales, ambientales y de derechos humanos– pidió la renuncia de Mulino y del director de la Policía , Gustavo Pérez. No es la primera vez que lo hacen: ya pasó el 28 de agosto de 2010, cuando exigieron la salida de ambos después de la “masacre” de julio pasado en Changuinola.
“Estos funcionarios han enviado un mensaje equivocado a la Policía, que ha provocado toda esta cadena de abusos policiales. No solo debe castigarse a los autores materiales de estos crímenes, sino a los que con su discurso han alterado el objetivo de la institución policial”, señaló la Asamblea Ciudadana en un comunicado divulgado ayer.
La Asamblea también cuestionó la situación de “abandono” en la que están las familias de los siete jóvenes quemados (cinco de ellos ya fallecieron).
“Algunos no tienen recursos para enterrar a sus hijos y el Gobierno no está ayudando. Otros esperan la mejoría de sus hijos con poca información médica y ningún apoyo psicosocial”, recalcó la Asamblea Ciudadana.
Roxana Méndez, ministra de Gobierno, dijo que solo una de las familias aceptó ayuda económica; el resto la rechazó.
Mulino ha dicho que no piensa irse.
“Yo renunciaría al cargo si fuera el responsable del incendio... No tengo nada que ver con eso. Esa es la actuación de todos los días de las personas”, dijo ayer, en el noticiero de Telemetro.
“No tengo por qué acoger como buenas las peticiones que hace la oposición, de que debo renunciar”, agregó.
Milton Henríquez, presidente del PP, dijo que Mulino debería divulgar los nombres de los oficiales que estaban a cargo de la seguridad del Centro, y bajo las órdenes de quién estaban. También qué sanciones disciplinarias se han aplicado.
“Si no hace eso, es porque está asumiendo la responsabilidad política de lo sucedido”, sostuvo.
Gustavo Pérez, por su parte, ha guardado estricto silencio desde que ocurrió la tragedia, hace ya 16 días. Los dos policías imputados tampoco han hablado y se han acogido al artículo 25 de la Constitución, que les exime de declarar en su contra.
La renuncia de Pérez también es solicitada por los familiares de las víctimas. “La institución tiene una cultura de represión que atenta contra los derechos humanos”, señaló Carlos Herrera Morán, abogado de las familias de cuatro de los cinco jóvenes ya fallecidos.
Herrera anunció que hoy presentará una denuncia penal por el homicidio de Víctor Méndez, de 17 años, el menor que falleció el pasado sábado. Según la autopsia, tenía congestión pulmonar, sepsis y quemaduras de tercer grado en el 56% del cuerpo.
