De la mora judicial –de la que tanto se queja el magistrado presidente Harley Mitchell– no se escapa nadie. Ni siquiera aquellos que están llamados a administrar justicia.
Sucede que hay expedientes sobre procesos disciplinarios y por faltas a la ética contra jueces titulares y suplentes, sin resolver desde hace ocho años.
Así está consignado en un informe de la Dirección de Auditoría Judicial de la Corte Suprema de Justicia.
Otra revelación del informe es la cantidad de expedientes en curso: 183, de los que el 87% corresponde a jueces titulares y el 13%, a suplentes.
El mismo informe destaca que el 54% de los investigados son jueces civiles; el 19%, de Niñez y Adolescencia; el 13% penales.
El juez con mayor cantidad de quejas es la titular del Juzgado Decimotercero civil, Melina Robinson Oro.
La primera queja a su actuación la presentó Ana Cecilia Maruri Wedemeyer, hace siete años. Todavía no hay un veredicto.
Robinson ha alcanzado notoriedad por algunas de sus decisiones.
Fue ella quien en marzo de 2007 declaró improcedente una demanda de indemnización por 8 millones de dólares, que el Ministerio Público presentó contra el coronel (retirado) de las extintas Fuerzas de Defensa Marco Justine, a quien se acusó de una lesión patrimonial por 78 millones de dólares contra el Banco Nacional de Panamá.
Robinson también es la juez que intentó secuestrar la casa del ex contralor Alvin Weeden, atendiendo una solicitud presentada por los abogados del ex presidente Ernesto Pérez Balladares.
De hecho, Weeden presentó una queja disciplinaria contra Robinson, en marzo de 2007. Contactada por este diario, Robinson dijo que –contrario a lo que está en el informe de la Dirección de Auditoría y que un vocero de la Corte dijo que estaba vigente al día de hoy– todas las quejas en su contra han sido “resueltas”.
“Solo me faltan tres”, reconoció posteriormente, para luego advertir que no haría comentarios, “precisamente por razones de ética”.
Otro con varios procesos disciplinarios en curso es el juez sexto civil Víctor René García Gálvez, más recordado en los medios de comunicación por haber prohibido la transmisión de mensajes en los que se reseñe, muestre, grafique o haga uso de la “imagen física o personal” de Hugo Torrijos.
García Gálvez también es el juez que ordenó el embargo del Banco de la Nación Argentina. De hecho, una de las seis quejas disciplinarias contra el citado juez, es por extralimitación de funciones y violación a los tratados internacionales en relación a este caso.
En el informe de la Dirección de Auditoría también consta la queja que presentó el curador de la quiebra de Marc Harris, Olmedo Arrocha, contra el juez primero penal, Rolando Quesada Vallespi.
En una circular del 11 de junio dirigida a los magistrados de Tribunales Superiores y jueces, el secretario de la Corte, Carlos Cuestas, los exhortó a tomar las “medidas” para llegar a un veredicto, “que permita a nuestra institución dilucidar la responsabilidad o no de nuestros operadores de justicia con relación a estos sensibles procesos”.
