El juez noveno penal, Diego Fernández, tiene por ley hasta dos años para decidir si llama o no a juicio al ex presidente Ernesto Pérez Balladares y a las otras 14 personas que fueron a audiencia preliminar esta semana, tras ser acusados de blanqueo de capitales.
Fuentes del Órgano Judicial explicaron que el plazo normal para que un juez emita su veredicto luego de concluir la audiencia preliminar es de 30 días, pero, además, el artículo 520 del Código Judicial le concede una prórroga en función de lo extenso del expediente.
“Los magistrados y jueces tendrán para pronunciar sentencia un día más del término, por cada cincuenta hojas o fracción de término, cuando el expediente exceda de ciento”, dice la referida norma.
En el caso de Pérez Balladares y de las otras 14 personas acusadas de blanqueo de capitales, cuya audiencia preliminar se realizó entre el pasado lunes y martes, el expediente tiene 80 tomos y 37 mil páginas.
Según la conversión matemática, el juez Fernández tendría 25 meses adicionales para emitir sus consideraciones, según las fuentes.
En la audiencia, el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar, pidió el encausamiento criminal del ex mandatario y de otros 11 imputados: Henry Mong Woo, Vicente Calderón, Adelio Green, Jenifher Espino de Sheppard, Jaime Espino Díaz, Rómulo Abad Coutte, Enrique Pretelt, Saideth Ortiz Chávez, Roosevelt Thayer, Carlos E. Carrasquilla y Ricardo Caputo.
Además, solicitó el sobreseimiento provisional para Eyda Achón Quezada, secretaria de Pérez Balladares desde hace 27 años; James Tobbiason, el mecánico de su yate; y Tomás González de la Barrera, administrador.
Asimismo, el fiscal pidió al juzgado que se le remitan copias del expediente, a fin de posibilitar la apertura de otra investigación por el mismo delito de blanqueo de capitales, luego del hallazgo de dos cheques a favor de Shelf Holding Inc., una de las empresas investigadas, en una cuenta de un banco en Bahamas y por la cual fueron movilizados unos 176 millones de dólares entre los años 2009 y 2010.
Aguilar también pidió que se mantengan vigentes las medidas cautelares a los imputados en el caso, que les impide abandonar el país sin autorización de la autoridad competente.
En tanto, durante sus alegatos ante el juez Fernández los ocho abogados de los 15 imputados solicitaron el sobreseimiento definitivo para todos éstos, o la nulidad de todo lo actuado por la fiscalía, esto último sobre la base de lo que consideraron como violaciones legales en la instrucción del sumario.
Al mismo tiempo, la defensa técnica de los acusados solicitó que se levanten de inmediato todas las medidas cautelares de las cuales son objeto sus clientes, y que se rechace la petición de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada para que se le autorice dar inicio a una segunda investigación por blanqueo de capitales, en la que también estaría vinculado el ex jefe del Estado.
