Corporación La Prensa, S.A. enfrenta una condena por informar de la separación de la fiscal Argentina Barrera, en el año 2005.
Dicha separación, hecha por “faltas a la ética”, según informó en su momento el Ministerio Público, fue parte de un grupo de cambios y destituciones hechas entonces por la hoy suspendida procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez.
El pasado viernes 30 de abril, la juez segunda de circuito civil, Miriam Cheng de Aguilar, decidió que la publicación de la noticia hecha por este diario ocasionó un “daño moral” a Barrera, por cuya reparación deberá pagar 300 mil dólares.
En su demanda original, la fiscal reclamó el pago de un millón de dólares. La condena también implica la publicación de un extracto de la resolución de la juez.
Los hechos tienen su origen en dos notas que publicó La Prensa el 30 de agosto de 2005, tituladas “Procuraduría sigue a la caza de corruptos” y “Por faltas a la ética destituyen a otra fiscal”.
Ambas notas tenían como fuente oficial un boletín de prensa del Ministerio Público (MP), divulgado el día anterior –29 de agosto de 2005–, en el que se informó de la destitución de Barrera –entonces fiscal tercera superior– por incurrir en “faltas a la ética” cuando estuvo al frente de la Fiscalía Superior de Coclé y Veraguas.
En ese comunicado oficial se detalla que Barrera instruía un proceso contra un menor de edad por el delito de lesiones personales contra otro menor, cuando se probó que “de manera irregular” reemplazó una certificación médica.
“Como consecuencia de ello, en lugar de ordenar la desaprehensión del primero [en referencia al menor de edad investigado], se procedió a ordenar su detención provisional”, señaló la nota emitida por MP.
La noticia publicada por La Prensa recoge, a la par del comunicado oficial, la versión completa de la fiscal Barrera. “No he recibido coima ni dádiva de ninguna persona en el ejercicio de mi cargo, no he incurrido en acto de corrupción alguno”, aseguró la fiscal. Barrera, con 21 años de servicio en la institución, agregó en ese momento que para sacarla del MP le aplicaron una fórmula “que yo llamo de injusticia, algo paradójico, porque he ejercido el derecho y he aplicado correcta y debidamente la ley”.
Aseguró que hará uso de fórmulas legales para defenderse de esta injusticia, primero ante el Ministerio Público y, luego, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia . “No hay pruebas en el sentido de que yo tenía conocimiento de que hubiese ocurrido una irregularidad; si hubiese sido así, habría tomado los correctivos”, aseguró ella en la nota que publicó La Prensa.
En esa misma nota también se hace referencia a las destituciones de otros fiscales, también como resultado de investigaciones internas: Nedelka Díaz, Edwin Álvarez, Giovanni Olmos, Arquímedes Sáez, Fernando Gutiérrez y Rolando Rodríguez, entre otros.
Después, reaccionó demandado al diario, alegando que la nota le causó “dolor, angustia, aflicción psicológica y espiritual”. La representó la llevó José María Castillo, de Castillo Moreno y Asociados, ex secretario general del MP durante la gestión del procurador José Antonio Sossa.
Como pruebas testimoniales presentaron las declaraciones del hermano, la hija, la ex jefa, amistades, y un ex alumno de Barrera. También testimonió a su favor Humberto Mas, director del Instituto de Medicina Legal y que, como ella, fue destituido por Gómez en medio de un proceso disciplinario.
Barrera también culpó a La Prensa por haber ocasionado que luego de la publicación no recibió más invitaciones para dictar seminarios y conferencias, así como participar en actividades gremialistas.
Un psiquiatra dijo que sufría de estrés post traumático, que requiere continuar con el uso de antidepresivos y tranquilizantes “menores”, y continuar con tratamiento psicoterapéutico.
El perito de la parte demandada, en cambio, indicó que “no encontró patología mental activa en la evaluada”.
En lo que sí concluyeron dos psicólogas expertas, es que “la destitución del cargo” causó una gran “conmoción” en la psique de Barrera, lo que “obviamente” se reflejó en sus actuaciones.
Aunque la juez Cheng de Aguilar señala que el daño ocasionado a Barrera “mermó su capacidad productiva”, la fiscal fue reintegrada al Ministerio Público por orden de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
En ese mismo fallo, del 20 de noviembre de 2008, se ordenó el pago de sus salarios caídos. Si Barrera estuvo suspendida por 39 meses y gana 6 mil dólares mensuales, eso significa que habría que pagarle 234 mil dólares. En diciembre pasado se le hizo un primer pago.
Barrera fue reintegrada por Gómez, que la nombró en la Fiscalía Tercera Superior. Ahora está como fiscal en San Miguelito, por decisión del procurador suplente, Giuseppe Bonissi. Tanto el fallo de la Corte ordenando su reintegro, como sus posteriores designaciones dentro del MP, fueron publicadas en su momento por este diario.
“Estamos ante una perfecta aberración jurídica, cargando con un par de jueces que dejan al sistema judicial penando vergüenza ajena, lo que envía un mensaje escalofriante a los medios de comunicación”, añadió Fernando Berguido, presidente de Corporación La Prensa y director del diario.
Pablo Ruiz, abogado de la defensa, anunció que apelará ante el Primer Tribunal Superior de Justicia. Señala que la juez, entre otras cosas, no tomó en cuenta que los autores de la nota publicada –los periodistas José Otero y José Somarriba– ni siquiera fueron demandados por Barrera. Si ellos no son responsables, agregó el abogado, ¿cómo se le puede atribuir una “responsabilidad solidaria” a Corporación La Prensa?
