El fiscal especializado contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, continuará al frente de las investigaciones que por blanqueo de capitales le sigue al ex mandatario Ernesto Pérez Balladares y a otras 11 personas.
El Juzgado Noveno Penal decidió ayer que no hay causa legal alguna que impida que Ayú Prado continúe instruyendo este sumario, informó el Órgano Judicial.
Según el dictamen de la juez novena suplente Anabella Jiménez Salamín “no se considera que haya causal alguna de impedimento dentro de lo previsto por el artículo 760 del Código Judicial”.
Jiménez Salamín resolvió esta petición debido a que el juez titular, Diego Fernández, recién se acogió a una licencia.
El pasado 19 de febrero, el fiscal Ayú Prado solicitó a dicho juzgado que decidiera si la relación profesional que mantuvo su familia con Omar Solano –miembro del equipo de defensores del caso Pérez Balladares– sería causal de impedimento.
Solano es abogado de Eyda Achón Quesada, secretaria privada de Pérez Balladares. El poder lo presentó el 29 de diciembre pasado.
La juez suplente consideró que la relación entre Ayú Prado y Solano “ciertamente constituye una relación jurídica, pero que se extinguió hace casi siete años en virtud de la culminación de un proceso civil”.
Solano representó a la familia del fiscal en un juicio de sucesión que se inició en 1998 y que concluyó en el año 2003.
Ayer, horas antes de conocerse esta decisión del Juzgado Noveno penal, la ex fiscal Guillermina McDonald, abogada de Pérez Balladares, consideró que la solicitud de impedimento de Ayú Prado era una prueba fehaciente de que la actuación del funcionario no es transparente y que, por tanto, atenta contra los derechos de su cliente.
También informó que apelaría ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia el fallo del juez Fernández, que hace una semana negó una fianza de excarcelación a favor de Pérez Balladares.
Fernández también mantuvo el arresto domiciliario del ex presidente, y se negó a devolverle el pasaporte.
