El fiscal superior especializado contra la delincuencia organizada, Nahaniel Murgas, y abogados querellantes de las víctimas de las escuchas telefónicas apelaron la decisión del juez Enrique Pérez de otorgar casa por cárcel a los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, procesados por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
Murgas argumentó que el juez debió notificar a las víctimas antes de cambiar la medida cautelar a los imputados.
En tanto, Ángel Álvarez, quien representa a seis víctimas de los pinchazos, también apeló. Ambos recursos dejan en suspenso la decisión del juez.
JUEZ NO NOTIFICÓ A LAS VÍCTIMAS
El fiscal superior contra la Delincuencia Organizada, Nahaniel Murgas, y el abogado Ángel Álvarez –defensor de seis víctimas de los pinchazos telefónicos– apelaron la decisión del juez decimosexto penal, Enrique Pérez, de dar casa por cárcel a los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, procesados por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
Los recursos, interpuestos el pasado miércoles, luego de finalizar la audiencia preliminar del caso, dejaron en suspenso la decisión del juez, por lo que Garuz y Pérez permanecen detenidos en la cárcel El Renacer. A ambos se les acusa por las escuchas ejecutadas en el gobierno de Ricardo Martinelli a más de 150 personalidades del país.
Los otros dos procesados en este caso, William Pittí y Ronny Rodríguez, subalternos de Garuz y Pérez, están prófugos de la justicia.
Corresponderá al Segundo Tribunal Superior de Justicia asignar a un magistrado ponente de estos recursos y resolver las apelaciones.
El fiscal Murgas sustentó que no cabe cambiar la medida de detención preventiva a Garuz y Pérez, debido a que el delito por el que se les acusa es “muy grave” y se requiere de una sanción ejemplar a los que infringieron estas normas.
Murgas argumentó en su apelación que el juez no notificó a las víctimas del delito sobre el cambio de medida cautelar a Garuz y a Pérez y que eso es una obligación, según dispone la ley sobre protección a las víctimas de los delitos.
Por su parte, Ángel Álvarez, quien funge como abogado de varias víctimas convertidas en querellantes en el proceso, anunció en la misma audiencia su apelación al cambio de medida cautelar a Pérez y a Garuz.
Álvarez representa a la diputada Zulay Rodríguez y su esposo Álvaro Testa; al catedrático Miguel Antonio Bernal; y al expresidente Ernesto Pérez Balladares. Asimismo, a la dirigente de los gremios docentes Yadira Pino y al exdiputado Yassir Purcait.
Por su parte, el actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López, quien también es querellante en el proceso, presentará hoy otra apelación contra la decisión del juez Pérez.
En tanto, el expresidente del Partido Revolucionario Democrático Francisco Sánchez Cárdenas, víctima de las interceptaciones de comunicaciones en el pasado gobierno, anunció que no apelará, debido a que considera que “esto [el proceso] se está tornando más show que otra cosa”.
GARUZ, EN EL RENACER
“Garuz aún no sale. Espera que llegue el oficio que concede la medida [cautelar de casa por cárcel] del juzgado”, informó una fuente del Sistema Penitenciario, adscrito al Ministerio de Gobierno.
En el caso de Pérez, la medida de casa por cárcel dictada por el juez Pérez no le surtiría efecto, ya que sobre él pesa otra orden de detención preventiva por la investigación que se le sigue por la supuesta comisión del delito de posesión ilegal de armas.
La Fiscalía Decimocuarta de Circuito investigó a Pérez por posesión ilícita de armas de fuego, luego de que en un allanamiento a su casa, en medio de las pesquisas relacionadas con los pinchazos telefónicos, se ubicaran varias pistolas y revólveres. Este expediente se encuentra en el Juzgado Decimosegundo Penal, en espera de que se fije la fecha de la audiencia preliminar.
REPUDIAN MEDIDA
El abogado Álvarez indicó que está disconforme con la decisión del juez, debido a que existen elementos que se debieron de considerar antes de realizar cualquier cambio de medida cautelar.
Incluso, señaló que uno de los implicados obstruyó las investigaciones de las autoridades al resistirse a la revisión de su teléfono celular, en el que se hallaron las evidencias de los pinchazos.
En ese sentido, explicó, por ejemplo, que ninguno de los dos imputados [Alejandro Garuz y Gustavo Pérez] mostraba arrepentimiento ni el ánimo de resarcir el daño causado ni disminuir sus efectos. “Por lo tanto, ese es un factor que debe ser considerado”, precisó.
Mientras que el catedrático Miguel Antonio Bernal, otro afectado por las interceptaciones de comunicaciones, expresó que lo que hizo el juez es totalmente contrario a lo que dice la ley.
“Él no puede cambiar la medida sin notificar a los querellantes... desde un principio se torció la investigación cuando se decidió sacar a Julio Moltó...”, sentenció Bernal.
El abogado se refiere a que Moltó, quien fungió como jefe del Consejo de Seguridad entre julio de 2010 y marzo de 2012, es señalado en el expediente como el que ordenó la instalación de un cableado en el edificio 150 del Consejo de Seguridad.
