La jueza suplente del Juzgado Decimoquinto penal, Hilda Bonilla, declaró la nulidad de todo lo actuado en el expediente que adelanta la Fiscalía Tercera Anticorrupción contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares por supuesto delito contra la administración pública.
La jueza suplente declaró, además, prescrita la acción penal y pidió el archivo del caso que instruye la fiscal tercera Anticorrupción, Yolanda Austin.
Tras solicitar una reacción a la vocera de Pérez Balladares, Catia Rojas, el abogado José María Castillo alegó que “el tema de la prescripción es muy claro. Estos hechos han prescrito dos veces y media”.
La decisión de la jueza suplente Bonilla involucra únicamente la investigación que instruye Austin, informaron fuentes judiciales. No así la pesquisa por supuesto blanqueo de capitales que instruye el fiscal especial, José Ayú Prado.
La jueza suplente Bonilla (quien reemplazó a la titular del juzgado Georgina Tuñón) no se declaró impedida, a pesar de que tiene relaciones familiares con un abogado que trabaja en la firma Infante & Pérez Almillano, el bufete legal que lidera Héctor Infante, abogado de Pérez Balladares desde hace años y responsable de su defensa en varios casos. Entre ellos, el que vinculó al ex mandatario con la empresa PECC. Incluso, la firma de Infante es hoy agente residente de la sociedad Shelf Holding Inc., que maneja el ex jefe de Estado.
Uno de los abogados de Infante & Pérez Almillano –Héctor Vidal– está casado con la jueza suplente Bonilla. “Lo que yo haga o mi esposa haga, es mi vida privada”, dijo ayer Vidal al ser consultado acerca de su relación matrimonial con la jueza suplente.
