El Juzgado Primero de Circuito Penal de Bocas del Toro dictó llamamiento a juicio contra los dos únicos sindicados en la supuesta venta irregular de tierras indígenas a una sociedad vinculada al diputado costarricense Antonio Álvarez Desanti.
El exalcalde de Kusapín, en Bocas del Toro, Andino Archibold, y Feliciano Beker –que vendió dos fincas a Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, S.A. (Decsa)– están imputados por la presunta comisión de los delitos contra el patrimonio económico, en la modalidad de estafa, y falsedad ideológica y de documento.
Sin embargo, en la investigación no se menciona que la abogada Evisilda Martínez, quien inscribió a Decsa junto con su esposo Francisco Castillo, acordó con Álvarez Desanti la venta de las tierras –sin aún ser la dueña– un año antes de que se entablaran demandas de prescripción adquisitiva y de que los fallos salieran favorables.
Estas sentencias fueron firmadas por el entonces juez del Primer Circuito, ramo civil, de Bocas del Toro, Manuel García y su suplente Vilma Bryan, quienes tampoco fueron llamados a rendir declaración ni les formularon cargos.
En este gobierno, García fue designado director nacional de Políticas Jurídicas y asesor legal en la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati).García manejó 11 expedientes de prescripción adquisitiva y firmó 8 fallos favorables a los solicitantes. Uno de estos permitió la venta de uno de los terrenos que posee Decsa.
La exsuplente del exjuez García –Vilma Bryan– también fue nombrada como jueza municipal en Bocas del Toro.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado –en su momento procurador general de la Nación–, mencionó que no había la prueba sumaria contra Bryan por el delito contra la administración pública, pese a que ella firmó dos de los once fallos de prescripción adquisitiva que García manejaba y que son objeto de una investigación desde 2011.
INVESTIGACIÓN
El 12 de febrero pasado, la Fiscalía Tercera de Bocas del Toro cuestionó la inusitada celeridad de los fallos favorables en los juicios de prescripción adquisitiva tanto de García como de Bryan.
“Llama la atención el procedimiento ante el tribunal de circuito civil donde se promovió el proceso de prescripción adquisitiva por Feliciano Beker sobre ambas fincas que pertenecían a terceros, el cual se inicia para marzo de 2010 y obtiene sentencia a su favor en junio de 2010 y antes de ello, ya proponía su venta a Archibold, alcalde de Kusapín, no siendo su propietario y al poco tiempo, en agosto, da en venta estas tierras a la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral”, destaca la vista fiscal.
Además, se señaló que las notas firmadas por Beker y Archibold contenían “informaciones falsas y con esto engañaron a las autoridades comarcales para poder obtener un beneficio o provecho que de manera inicial fue de 250 mil dólares, según consta en el estado de cuenta de Beker”.
Se cuestionó que la cantidad no concuerda con la venta de los terrenos que se refleja en el Registro Público por 72 mil dólares.
Álvarez Desanti, en su momento, indicó que él no se vería afectado si las autoridades detectaban irregularidades en el traspaso de las tierras que compró –en 2010–, sino todo lo contrario, tendría que ser indemnizado.
En marzo pasado, el político costarricense demandó al Estado panameño por 100 millones de dólares, exigiendo que se mantenga la ubicación de dos fincas que compró en la zona comarcal, es decir, dentro del humedal Damani-Guariviara.
En 2004, este sitio fue declarado área protegida nacional por su elevado valor biológico y su rica diversidad de flora.
Ahora se está a la espera de la fecha de audiencia, debido a que Castillo –esposo de la abogada Evisilda Martínez, que estuvo detrás de la negociación de las tierras– apeló el rechazo del juzgado a un incidente de nulidad que presentó contra la resolución que ordenaba la declaración indagatoria de sus clientes: Beker y Archibold.
La acción penal se produce luego de que se detectara que Beker ofreció en venta, como “dueño”, dos fincas a Archibold, a pesar que estas no le pertenecían. Por lo pronto, García, Martínez y Castillo han evitado hablar con La Prensa, pese a reiterativos correos enviados por este medio.
En el Registro Público dos demandas de prescripción adquisitiva que entabló Martínez a su nombre fueron falladas favorablemente por el exjuez García. Las más de 60 hectáreas fueron vendidas después a empresa en las que aparece Castillo, su esposo, como representante legal.
