El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recortó más de $215.6 millones a las aspiraciones presupuestarias de las entidades del sistema judicial del país para la vigencia fiscal 2016.
La medida surge a pesar de que el Ministerio Público hace frente a un aumento de las investigaciones de escándalos de corrupción en los que se vinculan a altos funcionarios del gobierno pasado, y la Corte Suprema de Justicia pone en marcha la implementación del sistema penal acusatorio en varios distritos judiciales.
El mayor recorte lo sufrió el Órgano Judicial, que tendrá $119.8 millones menos de lo en un inicio había solicitado.
JUSTICIA CON POCO PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2016
Los planes y aspiraciones económicas de los directivos de las entidades del sistema judicial, que incluyen al Órgano Judicial, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) y la Procuraduría de la Administración; no podrán ejecutarse en su totalidad.
En el proyecto de presupuesto general del Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) recortó una buena parte de las cifras solicitadas por estas instituciones para 2016.
El sistema judicial tendrá un presupuesto total de $295 millones el próximo año, según lo establecido en la propuesta de presupuesto general presentada por el MEF, y que se discute por estos días en la Asamblea Nacional.
La partida recomendada por la entidad que dirige el ministro Dulcidio De La Guardia representa $59 millones más en comparación con lo asignado el año en curso, que fue de $236.1 millones.
ÓRGANO JUDICIAL
Al Órgano Judicial, por ejemplo, el MEF le avaló un presupuesto de $137.2 millones. $118.6 millones serán para funcionamiento y $18.5 millones para inversión.
En 2015 esta corporación de justicia recibió $120.3 millones: $100 millones para funcionamiento y $20.3 millones para inversión.
Consultado sobre el tema, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz informó que para 2016 habían solicitado $257 millones, por lo que indicó que lo aprobado “será insuficiente” para las necesidades que tiene este órgano del Estado.
Esto, dijo, sin incluir lo que requiere el Ministerio Público (MP) para sus investigaciones. Precisó que una de las metas que podría verse afectada sería la implementación del sistema penal acusatorio en el Primer Distrito Judicial, (Panamá, Panamá Oeste, Colón y Darién) que por ley debe aplicarse a partir del mes de septiembre de 2016.
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
En tanto, la Procuraduría General de la Nación tendrá un presupuesto de gastos total de $118.3 millones: $11.7 millones para inversión, y el resto será destinado a funcionamiento.
La entidad verá incrementado su presupuesto de gastos en $26.2 millones, en comparación con la asignación económica aprobada para 2015 que fue de $92.1 millones, de los cuales $17.9 millones fueron para inversión y el resto para funcionamiento.
La procuradora Kenia Porcell afirmó que la entidad solicitó un presupuesto de gastos por $170 millones, pero solo se les recomendó los $118.3 millones. Esto representa un recorte de $52 millones. A pesar de esta disminución a sus aspiraciones presupuestarias, Porcell precisó que la cifra asignada será utilizada “en gran medida” en el nuevo sistema penal acusatorio, que según detalló, implica capacitar al personal, y proveer la tecnología para que funcione.
A raíz del incremento de las denuncias de corrupción en el que se vincula a funcionarios del pasado gobierno, el Ministerio Público abrió dos nuevas fiscalías anticorrupción que se sumaron a las cuatro que ya operaban.
DURO GOLPE AL IMELCF
Mientras que al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) que había solicitado $77.6 millones, verá recortadas sus pretensiones económicas en $41.8 millones (un 54%). El MEF solo le recomendó $35.8 millones.
El director del Imelcf, Humberto Mas, advirtió de que los recortes presupuestarios en los últimos tres años han hecho difícil el desarrollo de la labor institucional por no poder atender algunas necesidades, principalmente en materia salarial. Esto, dijo, ha ocasionado la fuga de personal calificado y entrenado en diferentes especialidades. También habló de la falta de funcionarios para atender la alta demanda de servicios forenses, lo cual es proporcional al aumento de la criminalidad y diligencias por los casos de corrupción que investiga el MP.
“Este recorte puede afectarnos en funcionamiento y en pago de prestaciones”, precisó.
Con respecto a las diligencias por el incremento de la criminalidad y de los casos por presunta corrupción, manifestó que se requieren más auditores forenses para cuando la Contraloría General de la República les envíe esos informes, ellos tener el personal idóneo para verificarlos. Destacó que actualmente mantienen cerca de 400 peritos y requieren duplicar esa cifra para atender con eficiencia los expedientes. Todos los peritos que demanda el sistema de justicia los proporciona el Imelcf.
PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN
En tanto, a la Procuraduría de la Administración le fue sugerido un presupuesto de $4.4 millones, los que en su totalidad serán para funcionamiento. Ningún monto fue destinado para inversión.
Para el año en curso, se le aprobó un presupuesto total de gastos de $4.7 millones.
El procurador de la Administración, Rigoberto González, manifestó que había solicitado poco más de $6 millones, pero con el recorte a lo requerido se afectarán los planes de equiparar el salario de los funcionarios al del resto de los servidores del Órgano Judicial y de la Procuraduría General de la Nación.
También se mantendrán las falencias en el manejo de los casos provenientes de los 77 municipios del país, ya que solo tienen seis funcionarios para realizar las consultas de estos municipios y las que llegan del resto de las instituciones.
Expresó que frente a la pronta aplicación de la descentralización municipal, con la cual se profundizaría el trabajo de la entidad, se planeaba crear una secretaría para asuntos municipales, pero no se podrá por el poco dinero que tendrán en 2016.
De igual manera, indicó que había planes de mejorar la remuneración de los abogados de la entidad debido a que manejan procesos en contra del Estado que involucran millones de dólares.
“Todos esos casos tenemos que manejarlos nosotros de manera tal que necesitamos abogados que sean bien remunerados. Nuestros funcionarios necesitan mejores salarios, ya que tienen que enfrentar a grandes firmas de abogados”, destacó.
