El Primer Tribunal Superior determinó que el Juzgado Decimocuarto Civil violó la Constitución al ordenar de manera verbal a peritos del propio tribunal que revisaran los ingresos patrimoniales del magistrado Calixto Malcolm, dentro de un litigio civil en el que éste demandó a la firma de abogados Morgan & Morgan.
El fallo del Primer Tribunal Superior, de fecha 14 de marzo de 2011, se sustenta en una resolución del pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la que se ordenó resolver y admitir un amparo de garantías constitucionales interpuesto por el juez Malcolm contra la orden que impartió el juzgado en agosto de 2006 para revisarle su patrimonio personal.
Según el fallo, solo hubo una orden verbal para auditar la declaración de renta de Malcolm, quien es magistrado del Tribunal Marítimo, sin que mediara una resolución de diligencia “exhibitoria”, como lo ordena el Código Fiscal.
Además, la decisión del tribunal establece que se practicó una prueba a documentos confidenciales sin el consentimiento del magistrado, quien es parte en el proceso, por lo que no pudo estar presente en dicha diligencia judicial para hacer uso de su defensa legal.
El dictamen también señaló que, luego de practicar la diligencia de auditoría, los peritos rindieron un informe “contaminado”, fundamentado en una orden verbal y no en una notificación formal de parte del juzgado.
El fallo, que lleva las firmas de los magistrados Lilianne Ducruet, Nelson Ruiz y Carlos Trujillo, concluye que en este caso “se han vulnerado los derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política, al no seguirse las directrices que desarrolla la ley para examinar documentos privados”.
Por lo tanto, el Primer Tribunal Superior de Justicia concedió el amparo solicitado por el juez Malcolm y revocó la orden que se había dictado en 2006 para que fuera revisado su patrimonio, así como el informe emitido por el juzgado y los peritos dentro de este proceso civil.
