En el primer día de la audiencia contra el ex presidente Ernesto Pérez Balladares y otras 14 personas por blanqueo de capitales, el tiempo transcurrió a lo largo de una tediosa lectura de la vista fiscal y de los 15 escritos de oposición a dicho documento.
Los alegatos de culpabilidad e inocencia que esgrimen las partes enfrentadas –vale decir el Ministerio Público y la defensa del ex jefe del Estado– serán conocidos a partir de hoy.
La audiencia, que se realiza en el Juzgado Noveno Penal, comenzó aproximadamente a las 8:20 a.m. con con la presencia de solo cuatro de los 15 acusados por la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada: el propio Pérez Balladares, su ex ministro de Vivienda Roosevelt Thayer, su yerno Enrique Pretelt y Rómulo Abad, quien fuera su secretario privado.
En un principio, el juez Diego Fernández leyó el reglamento de la diligencia, y luego el fiscal Marcelino Aguilar pidió que se leyera la vista de ampliación del caso, en la que el Ministerio Público solicita el encausamiento criminal del ex jefe del Estado y de otros 11 de los imputados, así como el sobreseimiento para los restantes tres acusados. En el caso de resultar culpables, los imputados serían castigados con condenas de entre 5 y 12 años de cárcel, según lo planteado en la vista fiscal.
La lectura del documento se prolongó durante más de cuatro horas, tiempo en el que se observó al ex presidente sentado en una de las esquinas del recinto, a veces recostado contra una pared, a veces bostezando. Ya a la 1:00 p.m., el juez Fernández concedió un receso para almorzar.
Aproximadamente una hora más tarde, pasadas las 2:00 p.m., la audiencia volvió a comenzar, aunque esta vez con la lectura de los 15 escritos de oposición a la vista fiscal presentados por los defensores de los imputados, en los cuales fue cuestionada fuertemente la actuación de los dos fiscales que intervinieron en el caso –el hoy procurador, José Ayú Prado, y Marcelino Aguilar–, actuación que calificaron de negligente e improcedente.
En los escritos de oposición de la defensa de Pérez Balladares y de su yerno Enrique Pretelt, por ejemplo, se indicó que la fiscalía incurrió en vicios de nulidad al acusarlos por blanqueo de capitales, porque ese delito no estaba tipificado en el Código Penal en la fecha en que, según el Ministerio Público, se cometieron los delitos. Fue tipificado en el año 2000, cuando Pérez Balladares no era presidente.
Basados en esos argumentos, los defensores pidieron al juzgado el sobreseimiento definitivo de todos los imputados y la nulidad de todo lo actuado.
