La Cancillería informó ayer que la próxima semana presentará ante las autoridades judiciales de Colombia la solicitud formal para la extradición de Mayer Mizrachi Matalon, quien fue capturado el 29 de diciembre pasado por la Policía en Colombia a raíz de una alerta roja de Interpol, a petición de la justicia panameña que lo investiga por la supuesta comisión del delito de peculado
“Cancillería está en trámite y nuestra embajadora en Colombia llevará esa solicitud la otra semana en Colombia”, indicó una fuente oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En estos casos el país, Colombia, otorga un término de cinco días para presentar la solicitud de detención preventiva con fines de extradición. Pero si no es solicitada, la Fiscalía General del vecino país debe poner a Mizrachi Matalon a disposición de Migración Colombia, que deportará al joven hacia Panamá, según informaron medios colombianos.
Mizrachi Matalon enfrenta un proceso judicial en el que se plantea que recibió dinero del Estado sin haber dado el servicio al que se comprometió mediante un contrato con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.
AUDITORÍA
Una auditoría de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) determinó una presunta lesión patrimonial para el Estado en $211 mil 850 al haber pagado a un contratista esta suma, sin que supuestamente ofreciera el servicio pactado: la instalación de un software para cifrar mensajes en celulares del personal de los estamentos de seguridad.
La información está en el expediente de la investigación que adelantó la Fiscalía Primera Anticorrupción por la presunta comisión de delito contra la administración pública.
“Gisela González y Ruth Rodríguez, auditoras de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, determinaron en sus hallazgos que la licencia y plataforma de mensajería de texto móvil Criptext no fue instalada en la Policía Nacional, Ministerio de Seguridad, Ministerio de la Presidencia y Ministerio Público, según se acordó en el citado contrato, donde tampoco se indica que las licencias de las plataformas de mensajería de texto eran para funcionarios de la AIG”, señala el informe.
Por esta investigación judicial se encuentra imputado por la posible comisión del delito de peculado Mayer Mizrachi Matalon, representante de la empresa Innovative Venture, S.A. contratada para suministrar el software. Mizrachi Matalon fue capturado en Colombia tras aviso de Interpol.
También están imputados el exadministrador de la AIG Eduardo Jaén, así como los exfuncionarios Adonay Ortega, Eduardo Briceño y Edgar Rodríguez.
En la auditoría se destaca que los propios funcionarios de la AIG manifestaron que la administración, en esa época a cargo de Jaén, no les informó que sus celulares estaban integrados a la plataforma de mensajería de texto móvil Criptext.
La plataforma, señala el documento, no fue instalada en las instituciones de seguridad en el período comprendido del 30 de marzo de 2014 al 30 de diciembre de ese año, tal como indicaba el contrato.
En sus descargos, el exjefe de la AIG declaró al Ministerio Público que a su salida de la entidad el proyecto estaba en ejecución, por lo que consideró que era una tarea pendiente de las nuevas autoridades implementarlo.
La investigación se origina por una denuncia que interpuso el actual jefe de la AIG, Irvin Halman, en enero de 2015.
