El fiscal de Drogas de Chiriquí, Javier Soriano, apelará la decisión del Juzgado Décimo Penal de esa provincia, que cerró provisionalmente los procesos de 77 personas acusadas de blanqueo, narcotráfico y asociación ilícita para delinquir. Rigoberto González, secretario general del Ministerio Público, dijo ayer que el sobreseimiento no significa, de ninguna forma, que las investigaciones judiciales estén fallando. “En la justicia siempre hay posibilidad de ganar o de perder”, señaló.
El sobreseimiento fue dictado por la jueza María de los Ángeles De Gracia, quien en su fallo sustenta que en el expediente había ambigüedad en la formulación de cargos, que los informes policiales no eran contundentes y que hubo violación al “debido proceso”.
Entre estas violaciones señaló que a varios imputados ni siquiera se les escribió bien el nombre, lo que invalidaba las acusaciones.
Las 77 personas beneficiadas con el sobreseimiento fueron indagadas como parte de una de las cuatro operaciones denominadas “Ley Patriota”, que se realizaron desde 2006. Durante estas investigaciones se decomisaron bienes y dinero por 30 millones de dólares.
