A pesar de que se encuentra suspendida la implementación del cobro de los avalúos de las propiedades con base en su valor comercial, tal como se implementó entre 2012 y 2013 durante el gobierno del presidente Ricardo Martinelli, la norma establecida en la Ley 8 de 2010 que autorizó este esquema de cobro del impuesto de bien inmueble sigue generando polémica.Aunque la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Zulay Rodríguez presentó un proyecto para eliminar la Ley 8 de 2010, la propuesta se mantiene estancada y en espera del segundo debate en el pleno del Legislativo.El poco avance de esta iniciativa enfrenta a la perredista con sus colegas panameñistas, a quienes señala de frenar esta propuesta por órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El proyecto elimina el cobro del impuesto de bien inmueble con base en el valor comercial, y aumenta el monto de la exoneración para los inmuebles de $30 mil a $40 mil. La propuesta contempla, además, la disminución de las tasas para calcular el impuesto de inmueble: de 1.75% a 0.5% para el primer intervalo del valor de las propiedades; de 1.95% a 0.90% para el segundo intervalo del valor de las viviendas y de 2.10% a 1.40% en el último intervalo del valor de las propiedades.También se regula que el avalúo del valor catastral no podrá superar el 50% del avalúo de mercado o comercial vigente. Se fija que los períodos de los avalúos generales y parciales serán de 15 años (máximo período de exoneración de las viviendas) y se elimina la opción de la Dirección de Catastro y Finanzas de decretar avalúos por oficio y la ejecución de los mismos por tasadores privados.
RECHAZAN PROPUESTA
Pero la objeción de los diputados panameñistas no está en la eliminación del cálculo del impuesto sobre el valor comercial, sino más bien en la reducción de la tasa a cobrar.
Gabriel Soto, diputado panameñista y presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, plantea que al disminuir la tarifa en 0.25%, el Gobierno dejaría de recibir $165 millones anuales producto de la recaudación.
Indicó además que la propuesta tiene algunos pilares que atentan contra los ingresos que capta el Estado en estos momentos, y puso como ejemplo precisamente la disminución de la tarifa a 0.25%. Critica además la eliminación del concepto de mejoras en los bienes inmueble, con lo cual solamente se va a establecer este cobro con base en la finca; y cuestiona que se fijan los períodos de avalúos en 15 años solamente, cuando actualmente se permite en 5, 10, 15 hasta un máximo de 20 años.
Para Soto, el proyecto, tal como está, tiene poca posibilidad de ser aprobado. Adelantó que en estos momentos hay una mesa técnica que evalúa el tema y considera el impacto financiero que tendrá en el cobro del impuestos. “Yo no creo que se debe aprobar a tambor batiente un tema tan delicado y técnico”, precisó Soto.
LA VERSIÓN DEL MEF
Consultado sobre el asunto, el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, citó parte de los
argumentos de Soto, y así advirtió que el proyecto tal como fue aprobado (en primer debate) además de eliminar la posibilidad de los reavalúos, reduce de “forma dramática” el impuesto de bien inmueble (de 2.10% a 0.25%). Al igual que el diputado panameñista, llamó la atención sobre los $165 millones al año que dejaría de percibir el Estado.De La Guardia solicitó a la Asamblea el archivo de esta iniciativa al considerar que tiene vicios de inconstitucionalidad, al no contemplar una renta sustitutiva que permita balancear esos $165 millones.
“Nos sentimos impotentes. Entiendo que hay pacto de gobernabilidad (PRD-Panameñismo), pero este pacto es para que el país funcione, no para que sufran las personas que en este momento están a punto de perder sus casas con impuestos impagables de por vida”, sostuvo Zulay Rodríguez.
LA ERA MARTINELLI
En la administración de Martinelli, el MEF actualizó el valor de unas 14 mil fincas, argumentando que estaban ubicadas en barrios de altos ingresos, sin embargo, no consideró las propiedades de Martinelli en Altos del Golf, que a diciembre 2013 estaban registradas en $290 mil, y su valor comercial se calculaba en $4 millones. Las críticas por esta acción obligaron entonces al Ejecutivo a reconsiderar la medida, pero esto no eximió a los propietarios de fincas que ya fueron revaluadas en El Carmen, vía España, Paitilla y Costa del Este.
