Ley ‘camarón’ burló hasta a los opositores

Ley ‘camarón’ burló hasta a los opositores


Aunque el proyecto de Ley 100 que modifica el artículo 8 de la Ley 23 del 28 de junio de 2007, que crea la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), fue aprobado, varios diputados no notaron que tenía un “camarón”.

En el segundo debate de ese proyecto, el diputado panameñista Osman Gómez había introducido una propuesta de modificación que señalaba que el director de la Autoridad de Recursos Acuáticos y Pesqueros (ARAP) debía tener “título universitario o experiencia comprobada en el área”.

En otras palabras, se incluyó un tema marino en un proyecto sobre discapacidad. Pero lo más polémico fue que se modificó el ar-tículo 19 de la Ley 44 de ARAP, solo con la intención de que el nuevo director de esa institución, Franklin Kwai Ben, pudiera ser ratificado. Antes, la norma solo precisaba que para ser administrador general se requería obligatoriamente el “título universitario”.

Kwai Ben tiene una vasta experiencia en asuntos pesqueros y en la industria del camarón, pero carece de un título universitario. El diputado proponente de la modificación lo resumió de la siguiente manera: “Hay gente que se ha dedicado toda su vida a eso... Lo que equivale a más de una maestría”.

Lo curioso es que el artículo “camarón” pasó frente a las narices de todos los diputados de oposición, e incluso del oficialismo, y muchos reconocieron que no sabían lo que representaba este contenido.

El diputado Leandro Ávila, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que no se enteró del “camarón” porque se había retirado unos minutos antes de la votación.

La diputada de Cambio Democrático Marilyn Vallarino, proponente del proyecto del Senadis, señaló que desconocía el cambio a la ley de la ARAP.

Esta no es la primera vez que esta Asamblea aprueba un “camarón legislativo”. En abril pasado, durante el segundo debate al proyecto de ley sobre el récord policivo, se introdujeron otros artículos para dificultar la revocatoria de mandato a los partidos políticos y penalizar con cárcel a los que cierren calles.

En junio pasado –en una ley de aviación comercial– los diputados reformaron tres códigos y otras seis leyes nacionales, lo que se convirtió en la Ley 30, conocida también como ley 9 en 1.

LAS MÁS LEÍDAS