Con 10 años de existencia y tres reformas a cuestas, la Ley 40 de 1999 –que establece un régimen especial de responsabilidad penal para los adolescentes– es otra vez tema de discusión.
Una comisión integrada por un representante del Ministerio de Gobierno y Justicia, de Desarrollo Social, de Educación y de la organización Jóvenes por la Seguridad Ciudadana, tiene hasta finales de este mes para presentar sugerencias al nuevo gobierno sobre este documento.
Según Rafael Ceballos, vocero de Jóvenes por la Seguridad Ciudadana, lo que busca su grupo es que los jóvenes que delinquen paguen efectivamente sus penas, “y no que, luego de ser puestos a órdenes de las autoridades”, salgan libres por malos procesos o prebendas”.
Desde su aprobación, la Ley 40 ha sufrido cambios tres veces. De una pena máxima inicial de cinco años para delitos graves, se pasó a siete. En 2004 se añadió el pandillerismo, y el tráfico y posesión de armas como hechos delictivos, y en 2007 volvió a subirse la pena máxima hasta los 12 años.
Pero, según Ceballos, con la revisión de la ley no se está buscando más años de cárcel. “Lo que queremos es que para los jóvenes reincidentes o quienes cometen crímenes violentos, la pena sea de 7 a 12 años. Hay que garantizar que el juez no tenga la mano suave”, recalcó.
Es que, como dice la directora del Instituto de Criminología de la Universidad de Panamá, Aida Selles, incrementar los años en cárcel no soluciona el problema por sí solo. “Aumentar la pena implica responsabilizar al menor de las fallas del sistema”, enfatizó.
De alguna forma, Selles concuerda con el oficial de políticas públicas de la Unicef, Jorge Giannareas. Según él, el problema con la legislación vigente es que su implementación ha sido lenta e ineficaz.
“El Estado no asignó los recursos ni creó los juzgados y fiscalías para menores sino hasta 2003”, explicó el abogado.
Fue en enero de 2004 cuando empezó a regularse la justicia penal adolescente, pero ese mismo año la antigua Policía Técnica Judicial comenzó a dar síntomas de “corrupción interna y falta de capacidades”.
Desde entonces, asegura Giannareas, el problema se concentra en la pobre capacidad de investigación policial y en la falta de coordinación entre las instituciones.
“La Policía necesita saber qué procedimientos requieren los fiscales y jueces” para poder responsabilizar a un menor de un hecho delictivo”, enfatizó el funcionario de Unicef. “No me parece que se quiera obligar a los jueces a aceptar los procedimientos de la Policía”, agregó.
Frente a todo esto, Giannareas sostuvo que las reuniones que se están haciendo son positivas, porque servirán para identificar dónde está el problema y permitirán adecuar la ley al nuevo sistema penal acusatorio.
Pero también dijo que está pendiente el trabajo de prevención del delito.
Como sostuvo Selles, si no se pone atención a los niños y jóvenes en riesgo social, ellos podrían convertirse en los futuros huéspedes de las cárceles.
