Los abogados de Fotis Lymberópulos, propietario de Heliflight Panamá, S.A., presentaron ante el Ministerio Público y la Fiscalía de Cuentas un escrito en el que desacreditan la auditoría de la Contraloría por la que se inició un proceso por supuesto sobreprecio en el alquiler de helicópteros, a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El informe oficial determinó una supuesta lesión patrimonial de 10.1 millones de dólares, que implicaba a varias compañías, entre ellas, Heliflight Panamá, S.A., las cuales recibieron contratos del PAN, a solicitud del Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por Guillermo Ferrufino, amigo personal de Lymberópulos.
En su análisis, la Contraloría destacó que los pagos por horas de vuelo se hicieron sin que “se evidenciara la contraprestación del servicio y, en otros casos, las rutas y horas de vuelo no coinciden con los registros que reposan en la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC)”.
Los abogados de Lymberópulos alegan que la entidad que dirige Federico Humbert utilizó para la confección de su informe una “fuente de documentación errada”, ya que el documento que usaron como referencia [una nota de la AAC] “no es de uso de navegación aérea ni de información de vuelo...”.
“Esto significa que la información entregada por Aeronáutica Civil no puede ser utilizada como medio probatorio para concluir si los vuelos fueron o no realizados”, sostiene el documento presentado por el abogado Gilberto Gómez ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que investiga a su cliente por la supuesta comisión de los delitos contra la administración pública y contra el patrimonio del Estado.
Por este proceso se encuentra detenido, desde el pasado 3 de marzo, el exministro Ferrufino y se investigan a empresas ligadas al empresario Gabriel Btesh, quien está fuera del país.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, el alquiler de helicópteros se facturaba en unos 3 mil dólares la hora vuelo, a pesar de que el precio promedio en el mercado era de entre mil 500 dólares y mil 800 dólares.
Se intentó obtener la versión del contralor Federico Humbert, pero no respondió a los mensajes.
