La Fiscalía contrala Delincuencia Organizada remitió al Órgano Judicial tres expedientes con peticiones de llamamiento a juicio para 86 personas, entre ellas funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), del Ministerio Público (MP), del Servicio Nacional de Migración (SNM) y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), a quienes se les acusa de tráfico de personas.
Las tres investigaciones dejan en claro que los puntos porosos por donde se mueven los traficantes de seres humanos son el Aeropuerto Internacional de Tocumen, la frontera con Colombia y las costas del Pacífico.
La instrucción del primero de los expedientes comenzó en octubre de 2009, luego de que las autoridades detuvieran a dos ciudadanos chinos que llevaban consigo varios permisos del Ministerio de Trabajo de Panamá.
Meses más tarde, autoridades federales de Estados Unidos descubrieron una remesa de 59 carnés de trabajo para ciudadanos chinos que ingresaron a Panamá a mediados de 2010.
Esta red mantenía un negocio en Betania, donde eran recibidos los paquetes procedentes de China, con escala previa en Alaska.
En esta investigación fueron detenidas 63 personas, quienes enfrentan cargos por los delitos de asociación ilícita, estafa, corrupción de servidores públicos y tráfico de seres humanos.
La red introducía a los indocumentados por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, y luego falsificaba los permisos de trabajo que les permitían permanecer en el país.
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) estableció que los carnés eran falsos y que correspondían a personas que ya no residían en el país.
Los supuestos cabecillas de la organización responden a los nombres de Guiquiang Xu, Shang Zhu Jiang, Thian Yon Hoy, Shuyon Guan y Li Liquin, quienes contactaban a las personas desde China.
Se sospecha que esta red pudo introducir más de 100 personas al país en 2009, pero se desconoce desde cuándo operaba en Panamá.
El expediente del caso fue remitido al Juzgado Undécimo Penal, a cargo de la jueza Josefina Sclopis, quien concedió un sobreseimiento provisional a tres personas, decisión que, sin embargo, fue apelada por el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Marcelino Aguilar.
