La Procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, comentó, tan pronto se destapó el escándalo por las vinculaciones entre Ernesto Pérez Balladares y la empresa Lucky Games S.A., que el Ministerio Público ya había investigado a esa empresa de juegos de azar y dijo que se trataba de un caso de “doble juzgamiento”.
“En nuestras entradas se registra una denuncia en 2005 de Enrique Montenegro respecto a la concesión de los juegos de suerte y azar para Lucky Games S.A. Como en esa entrada aparecen nombres parecidos a los que ahora están en el reportaje de La Prensa, le remitimos el expediente a la misma fiscal tercera anticorrupción que llevó la investigación en el 2005, en la cual dos peritos de la Contraloría dijeron que no había lesión patrimonial y un juez dictó sobreseimiento”, dijo Gómez el 11 de agosto pasado.
Sin embargo, en la documentación judicial sobre el caso, no existe referencia alguna de que el Ministerio Público investigara los nexos de Pérez Balladares con Lucky Games, S.A. Tampoco indagó sobre las vinculaciones que tenían con la empresa Enrique Pretelt y Roosevelt “Lito” Thayer, yerno y amigo del ex Presidente, respectivamente.
De hecho, la investigación a la que se refirió Gómez se originó por una denuncia contra los miembros de la Junta de Control de Juegos (JCJ) por otorgar concesiones sin cobrar el derecho a llave establecido en el Decreto Ley 2 de 1998 que reestructuró la JCJ.
La denuncia que Montenegro presentó en 2005 incluyó a cuatro empresas como las supuestas beneficiarias de la exoneración del pago del derecho de llave: Comput-Bingo S.A., Competiciones Deportivas S.A., Silver Cup Gaming S.A. y Lucky Games S.A.
La denuncia del presidente del Frente contra la Corrupción fue hecha contra “los responsables por la posible comisión de un delito contra la Administración Pública”. Según el denunciante, los entonces miembros de la JCJ hicieron una “interpretación arbitraria” del citado Decreto Ley 2, al otorgarles a las citadas empresas unos contratos para la explotación de juegos de azar.
Es decir, se denunció que el Estado no cobró en 1996 una suma fija a esas empresas, al momento de autorizar sus operaciones.
La denuncia la tramitó la Fiscalía Tercera Anticorrupción, a cargo de Yolanda Austin. La fiscal -la misma que ahora investiga a Pérez Balladares- realizó las diligencias en la JCJ y en el Registro Público. También pidió una opinión a los auditores de la Contraloría General. Los especialistas dijeron que las concesiones otorgadas “no causan un perjuicio económico al Estado, toda vez que las empresas señaladas (...) no tienen que cumplir con el requisito del pago de derecho a llave”.
Con esos documentos -el 18 de abril de 2007- Austin emitió su vista fiscal con la recomendación del sobreseimiento definitivo “de carácter objetivo e impersonal”, por no haber encontrado indicio alguno de la comisión de un delito.
Según la fiscal, Lucky Games, S.A. y las otras tres empresas no tenían que cumplir con el requisito del pago de derecho de llave aludido por Montenegro en su denuncia.
La posición de la fiscal fue ratificada por el Juzgado Decimoséptimo de Circuito Penal que, el 12 de marzo de 2008, mantuvo el criterio de sobreseer definitivamente a los funcionarios de la JCJ.
Pero, ¿se trataba del mismo caso? ¿En qué se parece la denuncia hecha por Montenegro en 2005 contra los miembros de la JCJ por no haber cobrado el derecho de llave a unas empresas, a la actuación del ex presidente Pérez Balladares, su ex ministro de Vivienda y los beneficios económicos que recibieron?
En ningún lado de la vista fiscal ni del fallo del juez Rodolfo Palma Guerra, se alude a la composición accionaria de las empresas, sus directivos ni los pagos de dividendos.
Tras la investigación publicada por La Prensa, y a pesar de las dudas de la Procuradora de la Nación, la Fiscalía Tercera Anticorrupción abrió un expediente, aunque aún no determinó si se cometió un delito.
El reportaje investigativo reveló que Pérez Balladares recibió constantes sumas de dinero de Lucky Games S.A. a través de una sociedad de su propiedad, Shelf Holding Inc. También se detalló -con base en documentación bancaria- que la empresa de juegos les giró fondos a las sociedades propietarias del yate y del avión del ex mandatario.
Por el momento, Austin dijo que se encuentra en proceso de acopio de evidencias e informó que ya realizó una inspección ocular en la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas. También solicitó la documentación pertinente a la JCJ, de manera que pueda compararla con los datos divulgados.
Finalmente, la fiscal sostuvo que podría darse una nueva citación al ex Presidente, con el objetivo de que amplíe su declaración jurada que formuló el 13 de agosto pasado.
