El magistrado del Segundo Tribunal de Justicia, Joaquín Ortega, recusó a cuatro magistrados de la Corte Suprema con los que dijo haber tenido diferencias, por no haberse declarado impedidos en el caso por el que fue separado del cargo, con la consecuente suspensión del salario por 30 días. Ortega fue acusado de faltas administrativas durante una audiencia por homicidio celebrada en 2006.
Según Ortega, los magistrados Harley Mitchell, Esmeralda de Troitiño y Víctor Benavides demostraron “descontento” hacia su persona, porque se negó a firmar una resolución de la Sala Cuarta de la Corte Suprema, de marzo de 2008, en la que se nombraba a tres nuevos jueces de circuito.
Ortega asegura que no avaló el documento, porque no participó de esa decisión.
Con respecto a Jerónimo Mejía, el otro magistrado recusado, Ortega alega que “no goza de su simpatía”, luego de que este se enterara de que hace años pidió que no se le nombrara como su suplente en el Segundo Tribunal, porque en ese momento Mejía “estaba tramitando en la calle, y yo pensaba que eso generaría conflictos de intereses”.
Basado en estas causales, sostiene Ortega, estos cuatro magistrados “también están imposibilitados” para conocer de la reconsideración que presentó la semana pasada contra el fallo de la Corte que lo sancionó. Mientras se resuelve este recurso, Ortega continúa en el cargo.
A Ortega se le sancionó por su actuación irregular en la audiencia celebrada el 18 de septiembre de 2006, por el homicidio de César Gálvez, en Pacora, y que terminó con la condena a 10 años de prisión, de los policías Carlos Acosta, Mario Aizprúa y Luis Villarreal.
