El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Aníbal Salas, informó ayer que solicitó al Presidente, Ricardo Martinelli, un “presupuesto de varios millones de dólares” para la habilitación de las oficinas donde estará la nueva Sala V de Instituciones de Garantía.
El funcionario aclaró que para la puesta en marcha de esa nueva instancia judicial se deben cumplir primero tres puntos que están pendientes, entre ellos el del presupuesto.
“Tenemos que tomar en cuenta que cada magistrado tiene un salario de 10 mil dólares y requiere de la contratación de su personal, además del lugar donde van a estar ubicados” explicó Salas, sin dar mayores detalles acerca de la petición de recursos que hizo al mandatario.
En segundo lugar, el magistrado señaló que deben resolverse “los recursos” presentados contra el fallo dictado por el pleno el 25 de enero pasado y que declaró inconstitucional la Ley 49 de 1999, que derogó la Sala V.
Aunque no lo citó textualmente, Salas se refirió a la aclaración de sentencia solicitada por el abogado Hernán Bonilla al magistrado Alejandro Moncada Luna, ponente del fallo, que es el único recurso presentado en relación a esta sentencia.
Finalmente, el presidente de la Corte hizo referencia a los tres nuevos magistrados que laborarán en la Sala V, quienes deben ser nombrados por el Ejecutivo y ratificados por la Asamblea Nacional.
Dicho nombramiento ha sido, precisamente, el tema que ha motivado la reacción de diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la Alianza Ciudadana pro Justicia y el Colegio Nacional de Abogados, que han solicitado reiteradamente que el proceso de selección tome en cuenta los méritos de los candidatos y no sus vínculos políticos con el Ejecutivo.
