Corte Suprema dilata caso contra expresidente Ricardo Martinelli

Desde hace cuatro meses está estancada la investigación por supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada seguida al expresidente y diputado del Parlamento Centroamericano Ricardo Martinelli.

La paralización del proceso se debe a que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no ha resuelto aún tres demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la denominada “ley blindaje” (Ley 55 de 2012), que da un plazo de dos meses para investigar a los diputados.

La investigación fue suspendida desde el pasado 2 de julio, porque el magistrado fiscal del caso, Oydén Ortega, interpuso una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 491-A del Código Procesal Penal, introducido con la “ley blindaje”. Ese artículo es el que fija el plazo de dos meses.

Antes de ese recurso, el abogado Carlos Rubio presentó en 2013 dos demandas de inconstitucionalidad contra el citado artículo.

Las tres demandas fueron acumuladas en un solo expediente el 17 de septiembre pasado, y se le asignó la ponencia al magistrado Hernán De León, cuyo proyecto de fallo no ha sido discutido ni decidido hasta la fecha por el pleno de la Corte. Mientras el pleno no dicte un fallo, la investigación sigue paralizada.

Ante esta situación, el magistrado Oydén Ortega envió una nota el pasado lunes en la que solicitó al pleno de la CSJ que resuelva sin dilación el recurso que interpuso contra la llamada “ley blindaje”. 

MAGISTRADO PIDE RESOLVER DEMANDAS A 'LEY BLINDAJE'

Oydén Ortega, magistrado fiscal en el proceso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli en la Corte Suprema de Justicia por supuestas anomalías en la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional, pidió al pleno de esa corporación que resuelva las demandas de inconstitucionalidad contra la denominada “ley blindaje”, que da un plazo de dos meses para investigar a diputados.

La Corte investiga a Martinelli –como diputado del Parlamento Centroamericano– por la supuesta comisión de delitos contra la administración Pública. El magistrado Jerónimo Mejía es el juez de garantías.

Ortega envió una nota el pasado lunes al presidente de la Corte, José Ayú Prado, con copia al resto del pleno, quejándose por la demora en resolver las demandas.

En la misiva, pidió que se resuelva la advertencia de inconstitucionalidad que presentó contra el artículo 491-A del Código Procesal Penal (que otorga los dos meses de plazo). Esa advertencia de Ortega es una de las tres demandas interpuestas contra la “ley blindaje” y que tienen como ponente al magistrado Hernán De León.

Esas tres demandas fueron acumuladas en un solo expediente desde el pasado 17 de septiembre y aún no se ha dictado un fallo.

Según Ortega, la Corte debe atender el recurso debido a que el artículo demandado se encuentra vigente, pues aún no es ley de la República el proyecto 214 de 2015, que establece un nuevo blindaje para investigar a los diputados.

“Al no decidirse –la advertencia de inconstitucionalidad–, se mantiene suspendido indefinidamente el proceso [de la comida deshidratada]”, indicó Ortega en la nota enviada a Ayú Prado.

“Mi preocupación es también compartida por una gran cantidad de panameños”, aseguró.

“El pleno de la Corte Suprema de Justicia está obligado a emitir un pronunciamiento que no deje dudas sobre el interés de esta corporación para que las causas que se tramitan sean guiadas por la máxima de una justicia expedita y justa”, acotó.

El proceso penal a Martinelli por la comida deshidratada fue admitido el 28 de enero pasado. No obstante, la investigación se inició formalmente el 4 de mayo, y desde el 2 de julio fue suspendida, luego de que Ortega presentó la advertencia de inconstitucionalidad.

Ortega considera que el plazo de dos meses para investigar a los diputados crea “fueros y privilegios”, lo que es contrario al artículo 19 de la Constitución. “Creo firmemente que el plazo de dos meses para investigar este tipo de causas es insuficiente y constituye un trato desigual que no se compagina con el que se tiene para investigar a otros funcionarios cuyo juzgamiento corresponde al pleno de nuestra corporación de justicia”, señaló.

Fuentes judiciales indicaron que posiblemente las tres demandas de inconstitucionalidad, cuya ponencia le corresponde al magistrado De León, serán discutidas el próximo jueves en sesión ordinaria del pleno.

Además de la demanda de Ortega, los otros dos recursos fueron presentados por Carlos Rubio en 2013. Por este mismo caso van a audiencia preliminar el 23 de este mes varios exfuncionarios del gobierno pasado y particulares.