Después de 68 días bajo arresto domiciliario, el ex presidente de la República Ernesto Pérez Balladares salió ayer por primera vez de su residencia, en Altos del Golf, para acudir a lo que sería una indagatoria de nueve horas ante el fiscal Contra la Delincuencia Organizada, José Ayú Prado, que le investiga por supuesto lavado de dinero.
Desde las 6:00 a.m. se notó mucho movimiento en la casa del ex presidente. El nerviosismo de sus empleados y escoltas era evidente. El primer visitante en llegar (a las 6:45 a.m.) fue el abogado Luis Carlos Cabezas. Allí mismo anunció a los periodistas apostados en la calle que sería él quien acompañaría al ex mandatario a la diligencia judicial.
A las 7:43 a.m. se asomó Pérez Balladares. Salía de su casa tomado de la mano de su esposa Dora Boyd. La pareja se acomodó en los asientos traseros del vehículo Mitsubishi Montero de color gris con matrícula 286528, conducido por un escolta del Servicio de Protección Institucional (SPI). En el asiento del copiloto se sentó Cabezas.
La Montero salió de la casa seguida de otro vehículo, también con escoltas.
A las 7:53 a.m., la comitiva llegó al edificio Avesa, en la Vía España, donde está la Fiscalía. El indagado se bajó del vehículo llevando en la mano una carpeta delgada con los documentos que aseguró- probarían su inocencia. Se veía pálido, pero sonriente. Sus escoltas le abrieron paso a empujones, golpeando a codazos a los periodistas que intentaban hacerle alguna pregunta.
“Estoy seguro de que una vez cumplamos con las diligencias, tanto el Ministerio Público como el pueblo panameño se darán cuenta de que nunca he cometido ninguna ilegalidad ni mucho menos ningún delito de blanqueo de capitales”, expresó, antes de ingresar al edificio y abordar un elevador con su esposa, el abogado Cabezas, los escoltas y su carpeta.
A las 8:10 a.m. comenzó la indagatoria. Era la tercera vez que el ex mandatario se veía frente a frente con Ayú Prado. La primera fue el 29 de diciembre de 2009, cuando el fiscal le formuló los cargos por blanqueo de capitales. También compareció ante Ayú Prado el 14 de enero pasado.
En aquella ocasión, Pérez Balladares no declaró, aduciendo que esperaría que la Corte Suprema resolviera varios recursos presentados por sus abogados.
Ese mismo día, el fiscal ordenó la medida cautelar de casa por cárcel y el impedimento de salida del país para el ex presidente.
A Pérez Balladares se le acusa de recibir, a través de varias sociedades anónimas, millones de dólares de parte de Lucky Games S.A., empresa que en su gobierno obtuvo una concesión para operar una sala de máquinas tragamonedas.
A la 1:00 p.m. hubo una pausa para almorzar. Los Pérez Balladares mandaron a buscar alimentos a su casa. Un escolta salió y regresó con ensaladas y varios juegos de cubiertos. Comieron en un salón de conferencias.
La indagatoria se reanudó a las 2:10 p.m. y concluyó a las 4:10 p.m., sin más interrupciones.
La transcripción de la indagatoria ocupó 34 hojas. Una fuente vinculada al proceso confió que Pérez Balladares contestó cerca de 80 preguntas, y que en todo momento negó haber cometido delito alguno.
La defensa del ex mandatario pidió el levantamiento de la medida cautelar de arresto domiciliario, pero el fiscal negó la solicitud.
A su salida, el ex gobernante aseguró que “he entregado una gran cantidad de documentos y no tengo la menor duda de que en función de la nueva información que se tiene a partir de hoy, se hará el juicio necesario con equidad y justicia”.
“He dado mucha información, lo que me lleva a la conclusión de que el Ministerio Público no estaba bien informado”, agregó.
Hoy continúa la ronda de indagatorias, con la comparecencia de otros dos imputados: Ricardo Caputto y Rómulo Abad, ambos hombres de confianza del ex jefe de Gobierno.
(Con información de Eduardo Mendoza).
Directora de la UAF declarará
La directora de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Emma Reyes, tendrá que declarar ante el fiscal José Ayú Prado como parte de las investigaciones por blanqueo de capitales que se le sigue a Ernesto Pérez Balladares y a otros 11 imputados.
También tendrán que rendir declaración jurada el jefe de Asesoría Legal de la Junta de Control de Juegos, Jorge Vernaza, y el abogado Mario De Diego. Este último tramitó la concesión de máquinas tragamonedas que Lucky Games obtuvo, directamente y sin pagar derecho a llave, en el gobierno de Pérez Balladares.
“Queremos que Vernaza explique el procedimiento para obtener la concesión, para ver dónde está el ilícito de la actuación”, dijo Guillermina McDonald, abogada de Pérez Balladares.
Ayú Prado se había negado a tomar declaración a Reyes, Vernaza y De Diego, pero ayer se supo que el juez noveno penal, Diego Fernández, ordenó la comparecencia de los tres.
El mismo juez negó un incidente de nulidad, otro de prescripción de la acción penal, así como una recusación contra Ayú Prado, presentados por los abogados de los acusados.
