El pulso entre el presidente, Ricardo Martinelli, y los indígenas ngäbe buglés de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro –y los que viven al este de la provincia de Panamá– se hace más tenso.
Mientras los indígenas advirtieron que si no se derogan las reformas al Código Minero que permiten a otros países extraer minerales del territorio panameño irán a las calles de forma indefinida, el mandatario aseguró ayer que la Ley 8 de 2011 “no se puede derogar, porque las minorías no pueden imponerse sobre las mayorías”.
El ultimátum dado por los indígenas al Presidente tiene una fecha: el 24 de febrero.
Hasta ahora, Martinelli no muestra señales de que va a derogar la ley e insiste en citar sus beneficios: aumenta las regalías, impide la minería ilegal e impone multas más altas. “Nadie va hacer una mina en las áreas comarcales”, afirmó, tras las críticas recibidas por su llamada al presidente de Corea del Sur, Lee Myung-bak, para ponerlo al tanto de las reformas.
“No se hizo nada indebido ...siguiendo las instrucciones del canciller [Juan Carlos] Varela y del embajador coreano llamé al Presidente para decirle que vengan las empresas coreanas a establecerse en Panamá... que Corea invierta en puertos y en obras de infraestructuras”, explicó el mandatario.
Fue imposible obtener una explicación del canciller Varela, a pesar de que su relacionista pública, Zoraya Quintero, aseguró que él devolvería la llamada.
VEA Sigue rechazo a la minería
