Como presidente de la República, Ricardo Martinelli alardeó una y otra vez del poder que ostentaría al final de su mandato.
“Cuando salga en 2014, tendré más poder”, dijo en una entrevista en octubre de 2012.
“Ahora sí me toca divertirme”, advirtió después. Siete meses terminada su gestión, los augurios de Martinelli parecen desacertados.
Poco a poco, el magnate de los supermercados perdió el apoyo de los diputados de su partido (Cambio Democrático), el de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que él nombró y el de personas allegadas a su carrera política, como Giacomo Tamburrelli.
Su último revés fue el viernes pasado en Guatemala, cuando el Parlamento Centroamericano rechazó que tuviera algún tipo de inmunidad que lo protegiera de la investigación por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública.
Durante su estadía en la capital chapina, Martinelli era otra versión de sí mismo. Ya no era el tipo bisbirindo y chacotero que obtenía carcajadas con sus declaraciones.
Lucía fatigado y reflexivo, repetitivo en las acusaciones de una supuesta persecución política por parte del gobierno de Juan Carlos Varela; como si le pesara lo que dijo en Chitré en noviembre de 2013, cuando aún gobernaba el país: “No le peguen más al pueblo ni a las obras, péguenme a mí, que yo sí soy un hombre”.
SOLEDAD OBLIGADA
En sus cinco años en el poder, el partido de Martinelli se dedicó a seducir a diputados de otros colectivos. Paulatinamente, sumó tránsfugas hasta convertirse en la bancada más grande de la Asamblea Nacional.
A semanas de abandonar el Palacio de las Garzas, el mandatario se sentía seguro de que sus diputados seguirían su línea. Hasta los amenazó que si se cambiaban de partido les revocaría el mandato. “Como dos y dos son cuatro”, dijo.
La orden pareció no calar en los diputados y con el cambio de gobierno también se iniciaron los roces. El propio Martinelli tuvo que visitar un día a sus copartidarios en la Asamblea.
Conversaron y discutieron, algunos diputados, incluso, lo retaron. Con el tiempo, varios han apoyado iniciativas legislativas de sus adversarios políticos sin tener que preguntar por la línea del partido. Otros, los más arriesgados, exigen que haya justicia con los corruptos del gobierno anterior.
Situación similar ocurrió en la Corte Suprema de Justicia, donde la mayoría de sus actuales magistrados fue nombrada –sin consultas– por Martinelli: Luis Ramón Fábrega, Hernán De León, Alejandro Moncada Luna, Harry Díaz y José Ayú Prado. Mientras estuvo en el poder, Martinelli siempre calificó a este órgano del Estado como imparcial y justo.
Hace unos días, cuando los nueve magistrados –incluyendo al quinteto que él designó– admitieron una denuncia en su contra por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública, el expresidente afirmó que la justicia se había convertido en un instrumento más para la persecución de Varela.
En su camino a la Presidencia de la República, Martinelli se rodeó de personas de confianza. Entre ellas, Demetrio Papadimitriu y Giacomo Tamburrelli.
El primero fue su asesor más importante y por años se encargó de trabajar su imagen, discursos y estrategias políticas hacia el electorado y sus rivales. Al llegar al poder, lo premió con el Ministerio de la Presidencia.
Tamburrelli, por otro lado, se encargó de los temas del partido, en el que llegó a ser secretario general. En el gobierno se convirtió en el director del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Ambos salieron a mitad del gobierno por supuestas diferencias con el exmandatario y mantuvieron un bajo perfil hasta el momento oportuno: Papadimitriu fue asesor de la campaña de Varela; Tamburrelli ahora acusa a Martinelli de irregularidades en el PAN.
Entre los pocos aliados que le quedan se cuentan los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez y Alejandro Garuz –su consuegro–, quienes no lo han señalado por el programa de escuchas ilegales desarrollado en su gobierno.
Aunque quizás eso ya no sea suficiente para que siga cantando en las fiestas –como hizo cuando Presidente– una de sus tonadas favoritas: “No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey...”.
Los presidentes también pagan
Durante años, los gobiernos de América Latina han sido acusados una y otra vez por corrupción e irregularidades. Pese a que estos señalamientos rara vez se convierten en investigaciones judiciales, existen contados casos en que expresidentes han sido juzgados e incluso sentenciados a prisión.
En 2009, por ejemplo, el exmandatario de Perú Alberto Fujimori fue sentenciado a 25 años en la cárcel por delitos por peculado, interceptación telefónica y violaciones a derechos humanos.
En Costa Rica, en 2011, el exgobernante Miguel Ángel Rodríguez recibió una condena de cinco años en prisión por “instigador y corrupción agravada”.
El año siguiente, un tribunal absolvió la sentencia, pero recientemente la Sala Tercera anuló ese fallo. Desde finales de 2014, Francisco Flores, expresidente salvadoreño, tiene arresto domiciliario por peculado y negociaciones ilícitas.
