El expresidente Ricardo Martinelli lucía seguro de sí mismo. Sentado en sus aposentos presidenciales dejó entrever su poder. “Creanme que yo sí tengo el dossier y el pedigrí de todo, de todos en este país. Yo sé que ha hecho cada uno, y que no ha hecho cada uno”, afirmó.
Su certeza probablemente se sustentaba en el aparato que tenía en su poder su gobierno: un sistema de espionaje que infectaba computadores, infiltraba redes telefónicas y capturaba conversaciones. Era manejado por lo más granado del Ejecutivo desde julio de 2010, cuando fue comprado a la empresa israelí M.L.M. Protection por $13.4 millones.
Cuando Martinelli dio la entrevista en la que rugió su advertencia de conocer de todo en este país, el 12 de mayo de 2014, el equipo ya había sido removido del Consejo de Seguridad. Siete meses después el artefacto sigue sin aparecer.
Esa no fue la única vez en la que el exmandatario se jactó de estar al tanto de los movimientos de sus adversarios. Martinelli se burló en repetidas ocasiones de supuestas conversaciones privadas, de reuniones y de estrategias que planeaban sus contrincantes. Eran infinidad de detalles que él atribuía al tamaño chico de Panamá donde todo se sabía.
Todos esos detalles, no obstante, eran algunos de los compromisos adquiridos por la empresa israelí al instalar este equipo. Debido a su capacidad, podían accesar de forma remota una computadora y recopilar información personal y de varios programas, entre ellos Skype y Microsoft Word.
Podía infiltrar cualquier red y base de datos de telefonía móvil, además de interceptar intercambio de mensajería instantánea (WhatsApp y Blackberry Messenger); y escuchar una conversación privada, registrar huellas dactilares y analizar comportamiento sicológico de un objetivo humano según su tono de voz.
La pérdida de este equipo salió a la luz luego de que Rolando López, director del Consejo de Seguridad, denunciara por este caso a su antecesor, Alejandro Garuz —consuegro de Martinelli— ante la Fiscalía Segunda Anticorrupción.
Garuz afirmó no saber nada de este aparato, al igual que todos los funcionarios que le antecedieron en el puesto durante la gestión Martinelli. Olmedo Alfaro, Gustavo Pérez,y Julio Moltó niegan haber tenido algún contacto con el polémico equipo.
El silencio se fracturó con una fuente vinculada a la investigación. Reveló a este medio que cada uno de los directores del Consejo de Seguridad le informaba todos los lunes a Martinelli sobre los principales descubrimientos a través del artefacto.
El equipo de investigación de campo se integraba de cinco funcionarios; dos de los cuales aún no han podido ubicarse y otro más que ahora trabaja con Martinelli.
La compra fue aprobada en mayo de 2010 por la junta directiva del Fondo de Inversión Social (FIS) —hoy Programa de Ayuda Nacional—. En el acta aparecen las firmas del ministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu, como presidente de la junta directiva, del director del FIS, Giacomo Tamburrelli, de la viceministra de Educación, Mirna de Crespo, quien acudió en representación de su jefa Lucy Molinar, y de la viceministra de Desarrollo Social, Marta Susana de Varela, en reemplazo del titular de la cartera, Guillermo Ferrufino.
Pese a que también integraban la junta directiva, no participaron en esa sesión el diputado Alcibiades Vásquez, como representante de la Asamblea Nacional, y Federico Suárez, ministro de Obras Públicas, Federico Suárez.
En principio el FIS tenía en su directiva al presidente de la República, un representante de la Asamblea, tres ciudadanos y el director de la institución. Sin embargo, lo modificó el decreto 60 de abril de 2006 e incluyó a los ministro o viceministros de Presidencia, Obras Públicas, Eduación y Desarrollo Social. Se mantuvieron el representante del Legislativo y el director de la entidad se mantuvieron.
DATOS CONTROLADOS
El gobierno de Martinelli no solo logró interceptar información de computadoras, teléfonos y conversaciones. En febrero pasado, unos meses antes de las elecciones generales, se descubrió que la campaña del candidato oficialista, José Domingo Arias, tenía en su dominio información personal, laboral, familiar, social y política de todos los ciudadanos panameños.
Los militantes de Cambio Democrático podían a través del portal conocer si un panameño era funcionario, fecha de nacimiento, afiliación político y si se beneficiaba de algún programa social del Estado, como 100 a los 70 o Ángel guardián.
Revelaba también esa misma información sobre padres, hijos, hermanos y conocidos de cada ciudadano. Todos los sujetos iban ilustrados con la foto de la cédula.
El Tribunal Electoral denunció que el portal de Arias extrajo información sensitiva de su Sistema de Verificación de Identidad, además de datos de seguridad al que solo tenían acceso el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Policía Nacional y la Contraloría General de la República.
VIOLENTARON DERECHOS
Carlos Lee, de Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que la actitud de Martinelli fue violatoria de las garantías ciudadanas.“Definitivamente que se violaron los derechos fundamentales. La Constitución establece una serie de garantías que fueron abiertamente violentados por el gobierno que presidía Martinelli”, indicó.
El artículo 167 de la Constitución establece lo siguiente: “Quien, sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión”.
El artículo 168, por su parte, añade: “Quien, sin contar con la autorización correspondiente, practique seguimiento, persecución o vigilancia contra una persona, con fines ilícitos, será sancionado con dos a cuatro años de prisión. Igual sanción se impondrá a quien patrocine o promueva estos hechos”.
Las acciones de Martinelli también atentan contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, compromiso suscrito por Panamá en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1948. En su artículo 12 dicha declaración sostiene: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación...”.
“La ciudadanía espera acciones urgentes para que se indaguen a los responsables”, añadió Lee.
Maribel Jaén, de Justicia y Paz, condenó la postura del gobierno anterior al que criticó de tener “un control excesivo”.
Aseguró además que la desaparición del equipo crea un ambiente desfavorable. “No saber dónde está, ni cómo se está usando, crea un clima de inseguridad política y jurídica en el país”, dijo.
Severino Mejía, viceminitro de Seguridad en el periodo del expresidente, Martín Torrijos (2004–2009) afirmó: “esta es una espada de Damocles que pende sobre la sociedad panameña. Estos equipos de alta tecnología en manos inapropiadas violan el derecho y las garantías fundamentales”, dijo.Para Mejía, Martinelli desvirtuó el Consejo de Seguridad —al que modificó en 2010 mediante Decreto Ejecutivo— en su afán de saber los movimientos y acciones de sus adversarios políticos.
Y Menalco Solís, exdirector del Consejo de Seguridad en el periodo del expresidente Guillermo Endara (1989-1994), aseguró que Martinelli debe enfrentar la justicia por invadir la privacidad de los ciudadanos.
Algo parecido al escenario que planteó el escritor británico George Orwell en su obra 1984, en el que un partido político controla todas las acciones del pueblo.
En el vértice de la pirámide de poder está el Gran Hermano, un personaje, casi ente, todo poderoso y quien domina con rigor todo lo que sucede. Era el máximo líder, y consideraba que todo lo que sucedía a su alrededor, procedía de su inspiración y su poder. “La idea de estar loco no le afectaba mucho. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado”, escribió Orwell.
