Una vez ordenada la libertad de Mayer Mizrachi Matalon el 21 de junio pasado, correspondía al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ponerlo a disposición de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, porque ya se le había informado previamente que sobre el ciudadano panameño estaba vigente una orden de expulsión del territorio colombiano.
Lo anterior fue explicado en un comunicado de la Cancillería colombiana en el que advierten de que la medida de expulsión del país contra Mizrachi Matalon sigue vigente.
La Cancillería colombiana explicó que el 21 de junio de 2016, cuando Panamá comunica su decisión de desistir de la extradición de Mizrachi tras el fallo del Segundo Tribunal de Justicia que revocó la orden de captura, el Inpec ya había sido informado por Migración Colombia de una orden de expulsión que incluye la prohibición a Mizrachi Matalon para que ingrese al territorio del país sudamericano por un período de 10 años.
Agrega el comunicado que se incumplió la obligación legal de dejar a Mizrachi Matalon a disposición de Migración Colombia, como lo establecen las normas de ese país.
COLOMBIA TIENE LA OBLIGACIÓN DE EXPULSAR A MIZRACHI
La Cancillería y Migración de Colombia fueron contundentes en cuanto al estatus migratorio de Mayer Mizrachi Matalon en ese país: el ciudadano panameño debe ser expulsado y además se le prohibió el ingreso por 10 años a ese territorio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitió ayer un comunicado en que aclara que el 21 de junio de 2016 puso en conocimiento de la Fiscalía general de la Nación de la decisión del Gobierno de Panamá de desistir de la extradición de Mayer Mizrachi, que permanecía detenido desde el 30 de diciembre pasado en Colombia, ya que el Ministerio Público panameño había emitido aviso de captura internacional por su posible vinculación al delito de peculado en perjuicio de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG).
Una vez ordenada la libertad de Mizrachi Matalon por parte de la Fiscalía general de la Nación, correspondía al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- dejarlo en libertad y ponerlo a disposición de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, en cuanto se le había informado previamente por parte de la Unidad al Inpec de que sobre el ciudadano panameño “estaba vigente una orden de expulsión del territorio nacional”.
En efecto, con fecha del 21 de junio, Migración Colombia expidió la citada resolución que lleva la firma de José Arbeiro Espitia Ariza, director regional andina (ver facsímil).
La resolución prohíbe la entrada a Colombia de Mizrachi Matalon por un período de 10 años, contados a partir de la fecha de su salida, informándole que solo puede ingresar con una visa otorgada por las oficinas consulares de la República de Colombia. Según el documento de Migración Colombia, no cabe recurso de apelación de la decisión.
Explica la Cancillería colombiana que Mizrachi Matalon recobró su libertad el 22 de junio de 2016 sin ser puesto a disposición de Migración Colombia, a pesar de que una patrulla de esa entidad permaneció durante todo el día afuera del centro penitenciario La Picota donde estaba recluido el panameño. Indica la cancillería que todas esas irregularidades fueron puesta en conocimiento del Ministerio de Justicia y del Derecho y están bajo una investigación por las autoridades competentes.
Señala que se incumplió la obligación legal de dejar a disposición de Migración Colombia al interno una vez ordenada su libertad con el objeto de resolver su situación migratoria tal como lo establece el decreto 1067 de 2015.
Migración Colombia interpuso una denuncia penal contra el Inpec al que responsabiliza del escape de Mirzrachi Matalon.
Fuentes colombianas reiteraron que Mizrachi Matalon “evadió el ejercicio de la autoridad migratoria”. Eso, luego de reiterar que la ley establece que todo reo extranjero debe ser puesto a disposición de Migración al ser puesto en libertad para completar su situación migratoria y en este caso eso no se cumplió.
DEFENSA REACCIONA
Silvio Guerra, abogado defensor de Mizrachi, confirmó que tuvo conocimiento del documento de expulsión en la tarde de ayer.
“Es una decisión soberana del Estado colombiano de su departamento de migración. Aunque indique que no cabe recurso alguno eso es relativamente falso porque cabe la acción de tutela constitucional, que es un recurso similar al Amparo de Garantías Constitucionales panameño”, indicó el abogado.
“En realidad no entendemos la decisión del departamento de migración de Colombia, y digo que no la entendemos porque todo es tan coincidente. Y no sé si aquí hay mano negra o mano que mece la cuna”, señaló Guerra.
ASILO NO PROCEDE
Los abogados de Mizrachi confirmaron que presentó ante la cancillería el pedido de asilo alegando supuesta persecución política por parte del Gobierno panameño y de que no se le ha dado garantía de un debido proceso.
Con respecto a esa solicitud, Ramiro Bejarano, abogado y profesor universitario en Colombia, dijo que la petición de asilo en las actuales circunstancias es muy difícil para las autoridades de ese país concederla, porque el problema ya no solo se reduce a que Colombia analice si el delito por el que se le investiga en Panamá es o no una persecución política.
“A Colombia no le basta analizar que el delito por el cual lo están investigando es o no un delito político o común, porque ahora el señor está sindicado en nuestro país de varios ilícitos: el de fuga y el de cohecho, que es una forma de corrupción”, manifestó. “Veo muy difícil que le puedan conceder el asilo”, advirtió el docente universitario.
