En Panamá, mil 900 yates de lujo o placer tienen permiso para navegar en aguas nacionales y explotar negocios turísticos. De este total, mil 400 son de bandera panameña y 500 de bandera extranjera, según datos oficiales.
Cada yate puede superar en el mercado –de acuerdo con sus características– los 2 millones de dólares. Incluso, hay embarcaciones de familias locales que alcanzan los 100 pies de eslora (largo) y tienen un costo de alrededor de 10 millones de dólares. En promedio, el parque de estas embarcaciones estacionadas en el país superan con facilidad los 3 mil 800 millones de dólares, según cálculos de especialistas del sector.
Pero para las arcas del Estado esta actividad marítima no representa casi ninguna entrada, debido a las excepciones que se han ido creando en la legislación.
De mil 900 naves, solo 100 han pagado el impuesto de introducción al Estado.
El resto se ha acogido a mecanismos legales y técnicos que les permitió a sus dueños evitar el impuesto de introducción, que asciende a un 20% del valor de la embarcación (incluye el derecho aduanero y el ITBMS).
Para evitar el impuesto de introducción, muchos dueños locales de yates se acogieron a una bandera extranjera o a la bandera panameña, pero bajo el concepto de servicio internacional, aunque en realidad son para uso personal y recreativo en aguas de Panamá.
La figura de servicio internacional, pero con bandera panameña, permite a los propietarios de los barcos evitar el impuesto de introducción.
En su lugar, los dueños de barcos de bandera panameña con servicio internacional solo pagan una tasa de mil 500 dólares anuales, dijeron abogados especialistas en el sector marítimo.
El analista tributario Osvaldo Lau señaló que se trata de mecanismos que les permiten a los dueños de yates obviar el impuesto de introducción. “Pero no es algo prohibido”, añadió Lau en referencia a los registros de bandera exterior y a la clasificación local de servicio internacional.
“En ninguna reforma fiscal se ha tratado de cubrir estos agujeros que permiten estas ventajas fiscales a los dueños de yates”, comentó el especialista.
Las cifras oficiales revelan que casi ninguno de los nuevos yates registrados en Panamá se encuentra en el servicio nacional, y la mayoría, en cambio, ha buscado colocarse en el servicio internacional para evitar abonar el impuesto de importación.
Ello también coincide con la versión de los corredores de aduanas. Gilberto Araúz, presidente de la Asociación de Corredores de Aduanas de Panamá, señaló que prácticamente la liquidación aduanera de yates de placer “ha desaparecido”, porque sus dueños se acogen a otras normas para evitar el pago.
Araúz indicó que el mismo problema se ha extendido a los barcos de cabotaje que se acogen al servicio internacional para competir de forma “desleal” con barcos nacionales. Específicamente se trata de embarcaciones venezolanas que tienen oficinas en Panamá, pero que no pagaron las liquidaciones de importación para tener sus equipos en el país, dijo el presidente del gremio aduanero.
“Son decisiones que se toman a lo interno de la Autoridad de Aduanas o del mismo Gobierno. Nosotros como corredores no intervenimos en esa decisión”, agregó Araúz.
En contraste al caso de los yates de servicio internacional, las 100 naves de bandera panameña que están registradas en el servicio nacional sí debieron haber pagado sus impuestos de importación, más la tasa anual que cobra la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), que oscila entre 24 y 240 dólares, dependiendo del tamaño de la nave, como establece el Código Fiscal panameño.
