Desde el mes de marzo de 2009 las actividades de la empresa Minera Panamá, ubicada en el distrito de Donoso, Colón, se realizan dentro de un área protegida.
En esa fecha, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), mediante Resolución AG-0I39-2009, declaró el sector donde opera la mina como área protegida bajo la categoría de uso múltiple. Sin embargo, la empresa busca derogar la resolución de la Anam emitida en la administración de Ligia Castro. Minera Panamá presentó ante la Corte Suprema de Justicia un amparo de garantías constitucionales en contra de la norma para que se declare ilegal.
Ernest Mast, presidente de Minera Panamá, dijo que la resolución se emitió sin hacer las consultas respectivas e incluso entre otras entidades gubernamentales.
Sin embargo, la Anam consideró que la declaración de un área protegida no requiere de consulta ciudadanas. La opinión de la entidad quedó consignada en el informe de conducto que presentó Javier Arias, administrador de la Anam.
La extracción de cobre de la empresa minera se realizará en un área boscosa que forma parte del corredor biológico mesoamericano.
La Corte aún no ha resuelto esta demanda, mientras que las actividades de la empresa minera avanzan.
La Anam contrató de manera directa a la firma Austral Risk Consulting, por 802 mil 500 dólares, para que evalúe el estudio de impacto ambiental del proyecto minero, que contiene 14 mil páginas.
Austral Risk es una filial en Panamá de la firma chilena Sustentarse S.A. El pasado 10 de septiembre, Juan Carlos Urquidi, director de Sustentarse, envió la propuesta técnica a la Anam.
La propuesta contempla que la firma chilena ayudará a la capacitación técnica de la entidad para la evaluación de estudio de impacto ambiental del proyecto minero.
Sustentarse S.A. se comprometió a no establecer comunicación directa con Minera Panamá, sino a canalizar la información a través de la Anam.
