La apertura en el Ministerio Público de una investigación penal para determinar si hubo irregularidades en las contrataciones directas otorgadas durante la gestión de Martín Torrijos a Proyectos del Norte, S.A. –cuyos directivos son amigos, familiares y ex empleados del ex diputado Pedro Miguel González–, dependerá de los resultados de la auditoría que llevará adelante la Contraloría General.
“Ellos [la Contraloría General] tendrán que remitirnos los resultados para proceder de acuerdo con lo que establece la ley”, dijo ayer Neftalí Jaén, asistente del procurador suplente, Giuseppe Bonissi.
La Contraloría General informó que abrió una investigación para analizar si se cometieron irregularidades en los contratos directos que en los últimos 18 meses de la gestión de Torrijos se le otorgaron a Proyectos del Norte, S.A. por unos 5 millones de dólares.
Un reportaje de La Prensa –publicado ayer– reveló que varios miembros de la junta directiva de Proyectos del Norte, S.A. tienen estrechos vínculos con González. Entre otros, un amigo, una prima, un ex chofer y un ex guardaespaldas del ex diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD). El político, además, recibió dinero de esa empresa.
González reiteró ayer que es cierto que tiene vínculos con los directivos de Proyectos del Norte, S.A., empresa que fue beneficiada con contratos directos en 2008 y 2009.
“Soy muy amigo de Fabián Morales”, dijo el político al referirse al presidente y representante legal de Proyectos del Norte, S.A. Sin embargo, agregó que el hecho de que sea amigo de Morales no significa que también sea dueño de la empresa que preside.
“Me parece que es una noticia que llama mucho la atención. Es muy sugerente, pero en el fondo, no es nada más que la verdad. No veo el menester de sacarlo con ese despliegue”, dijo.
Respecto a la investigación de la Contraloría General, González afirmó que “están en toda la capacidad de hacerlo” y añadió: “Si con eso buscan afectarme, no lo van a conseguir”.
Caso FIS: aún se investiga El equipo de auditores que designó la Contraloría General aún se encuentra investigando el supuesto desfalco millonario que se registró en el Fondo de Inversión Social (FIS) durante la gestión de Mireya Moscoso y Martín Torrijos. En el escándalo fueron involucrados varios diputados del gobierno y la oposición, tras los resultados arrojados por una auditoría externa contratada por el director del FIS, Giacomo Tamburreli.
El pasado 21 de enero la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, nombró un equipo de 10 auditores para que se encargara de la pesquisa. La auditoría fue solicitada por el presidente de la Asamblea Nacional, José Luis Varela, luego de que se conociera un posible desfalco por casi 12 millones de dólares.
