Mientras que el Ministerio Público (MP) abrió ayer una investigación por la triangulación que se utilizó para la compra del sistema espía israelí Pegasus, la mayoría de los vinculados en la operación y en la adquisición del aparato guardó silencio.
Una fuente del MP confirmó que se decidió abrir un expediente relacionado con estos hechos, pero que aún no se ha asignado el caso a una fiscalía determinada, aunque explicó que las pesquisas las debe efectuar un despacho con capacidad para verificar las transacciones bancarias realizadas para comprar el equipo espía.
La triangulación
De una cuenta ligada al empresario Felipe "Pipo" Virzi se emitió un cheque por $1 millón a la sociedad Caribbean Holding Services, vinculada a Aaron "Ronny" Mizrachi, cuñado del expresidente Ricardo Martinelli, para el pago a la israelí NSO Group por la compra del sistema de espionaje Pegasus, el segundo que compró el gobierno anterior por unos $8 millones.
Las pesquisas señalan que la cuenta de la que provino el dinero para emitir el cheque a la empresa de Mizrachi es la misma en la que se le depositó, en el Banco Universal, una transferencia de $5 millones a Virzi por parte de Hidalgo & Hidalgo, encargada del fallido proyecto de riego de Tonosí, y que es motivo de una investigación judicial por supuesta “coima”.
Luego de que el cheque emitido a Caribbean Holding Services es endosado a una cuenta de manejo en el Banco Aliado de Panamá, a través de la compra de una transferencia, el dinero pasa a una filial del banco panameño en una isla del Caribe.
De allí se hace un pago al Banco Aliado por comisiones de manejo, y otro pago de $100 mil a Caribbean Holding Services como parte de otra comisión por mediador privado, explicaron las fuentes.
Tras estas transacciones, la ruta de la transferencia del dinero pasa a una sucursal del Wells Fargo en Estados Unidos, y de allí al Bank Hapoalim en Israel. En total, se depositan $899 mil 687 con 25 centésimos a la empresa de Israel NSO Group como primer pago por el sofisticado equipo de espionaje.
Silencio local e internacional
Los empresarios vinculados en la operación guardaron silencio, mientras que de las embajadas de Israel y Estados Unidos no hicieron comentario a la interrogante sobre la utilización de bancos en sus países para esta transacción.
Se llamó a la abogada Guillermina McDonalds, defensora de Virzi, y no respondió.
De la embajada de Israel comunicaron que el embajador aún no ha presentado sus credenciales ante el Gobierno, pero señalaron que a partir del próximo lunes harían averiguaciones sobre este escándalo.
En la embajada de Estados Unidos se pidió una respuesta ante la utilización del banco Wells Fargo en la operación de triangulación, pero se explicó que se le comunicaría al vocero de la embajada para ver si haría algún comentario. Al cierre de la edición no se había informado nada al respecto de la embajada norteamericana.
También guardó silenció Julio Moltó, quien fungía como secretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) cuando se hicieron los trámites para la compra de Pegasus.
En tanto, Roniel Ortiz, defensa de Gustavo Pérez, exjefe del CSN, quien según documentos de las investigación recibió el equipo en julio de 2012, negó la vinculación de su cliente con el aparato espía.Ortiz alegó que no hay pruebas que den certeza de la existencia del sistema de escuchas ilegales Pegasus.
Silencio oficial
Se consultó al ministro de Seguridad Pública, Rodolfo Aguilera, sobre el caso e informó que las investigaciones por este tema son manejadas por el Consejo de Seguridad Nacional. En tanto, se pidió a través de la Secretaría de Comunicación del Estado una versión del Consejo de Seguridad Nacional, pero no hubo respuesta.
Rechazo
Roberto Troncoso, experto en el tema de derechos humanos aseguró que la información sobre este sistema de espionaje confirma la violación a la privacidad que hubo de los panameños.“Existía una gran obsesión por personas del pasado gobierno por conocer de las actividades de sus adversarios políticos y por ello se dio esta situación”, aseguró.
Troncoso consideró necesario aumentar las sanciones por la inviolabilidad del secreto, ya que la pena actual es de 1 a 3 años de cárcel.
En tanto Anette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), aseguró que la existencia de estos sistemas de espionaje demuestra cuáles eran las prioridades de inversión de la pasada administración.
Cuestionó el poco avance en la Corte Suprema de Justicia sobre la investigación contra el expresidente Martinelli por su vinculación a las escuchas ilegales de más de 150 personas en el país.
