El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, dijo que Panamá está en mora en materia de derechos humanos, pese a los tratados y convenios internacionales que, desde la instalación de la democracia, se han ratificado.
Puso como ejemplo la situación de los presos, que deben lidiar con sistemas carcelarios obsoletos y pasar sus días en penales donde no hay posibilidad alguna de resocialización.
De igual forma, Vargas resaltó el nivel de hacinamiento que ha superado el máximo aceptado internacionalmente, de 120% de la capacidad del penal. En Panamá, añadió el funcionario, hay una densidad de población carcelaria de 150%.
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Elías Rodríguez, dijo por su parte que en el país no hay una conciencia real sobre la importancia de los derechos humanos.
Agregó que la formación de los ciudadanos en esta materia es “sumamente deficiente”, al punto de que los políticos, los más llamados a conocerla, no solo ignoran los derechos básicos de las personas, sino que insisten en violarlos, porque ponen por encima de la condición humana, la política.
Explicó que las interpretaciones que algunas autoridades dan a las normas constitucionales, violan el estado de derecho. Como ejemplo de esto citó el caso de la procuradora separada, Ana Matilde Gómez.
Las declaraciones de Vargas y de Rodríguez se dieron ayer durante la inauguración del Curso Internacional de Derechos Humanos, organizado por la Fundación Arcadia, en colaboración con la OEA, la Defensoría del Pueblo y auspiciado por la Universidad de Panamá.
La Fundación Arcadia, cuya sede está en Washington, Estados Unidos, trabaja además en temas de gobernabilidad y anticorrupción.
