Tras la muerte de Omar Ibarra, cuarta víctima del incendio registrado el domingo 9 de enero pasado en el Centro de Cumplimiento de Tocumen -caso por el que se formularon cargos a dos miembros de la Policía Nacional-, sus familiares anunciaron la presentación de demandas contra el Estado.
Ibarra, de 17 años, murió a las 12:40 a.m. de ayer como consecuencia de complicaciones respiratorias.
Su madre, Marquesa Bersal, se quejó de que los médicos del hospital Santo Tomás no le informaron sobre la gravedad de su condición clínica.
Precisó que su hijo cumplía una condena de cinco años por robo de carro y ya había pagado dos.
Aseguró que Ibarra mantenía buen comportamiento en el centro y no era un interno problemático.
El abogado Carlos Herrera Morán, quien representa a los familiares de las víctimas, reiteró ayer que en este caso hay una clara responsabilidad de los policías al no permitir la salida de los reos de la celda, así como de los funcionarios del centro, que tampoco los ayudaron.
Herrera sostuvo que en el caso no se puede aplicar la Ley 74 de 2010, que exime de la detención preventiva a los policías procesados por actos en cumplimiento de su deber.
A su juicio, los policías pudieron ayudar a los menores pero no lo hicieron y en la televisión se puede observar cómo se burlan de ellos.
En tanto, por segunda vez los oficiales acusados, Ernesto Blake y Luis Ortega, se negaron ayer a rendir declaración indagatoria ante la Fiscalía Auxiliar.
Ambos se acogieron al artículo 25 de la Constitución que establece que nadie está obligado a declarar contra sí mismo.
Los oficiales son representados por el abogado Ronald Hurley, quien explicó que no se le ha permitido acceso al expediente y desconoce los señalamientos que se le hacen.
Hoy comparecerán otros de los policías que estaban de servicio en el Centro de Cumplimiento de Tocumen el día del incendio.
