"Los miembros de la junta directiva tienen el deber y el derecho de asistir a las reuniones (...)”, así lo contempla la Guía de Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo, que elaboró el Instituto de Gobierno Corporativo Panamá, documento que entre otras cosas dice que la directiva debe tomar sus decisiones en bien de la empresa.
Sin embargo, estas disposiciones han sido ignoradas por el empresario Nicolás Corcione, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), a quien el Ministerio Público investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Corcione ha faltado a al menos 10 reuniones de la directiva de la ACP en los últimos días, luego de que saliera del país a principios de julio pasado en medio de las pesquisas que adelanta la Fiscalía Superior Especializada contra el Crimen Organizado, en cuentas vinculadas al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna.
La directiva de la ACP, de acuerdo con fuentes consultadas, se reúne unas siete veces al mes. Solo esta semana que pasó se citó dos veces: el martes 25 de agosto y el miércoles 26 de agosto. Corcione, quien en una carta fechada el pasado 16 de agosto, comunicó a Roberto Roy, ministro para Asuntos del Canal, y presidente de la junta directiva, su decisión de “abstenerse” temporalmente de participar en la toma de decisiones, es miembro de tres de los siete comités que tiene la junta.
Participa en los comités de Permisos de Compatibilidad, en el de Auditoría y en el de Modernización y Ampliación del Canal, este último trata lo concerniente a las obras de ampliación de la vía interoceánica, que por estos días están en la mira pública a raíz de filtraciones en una de las esclusas que construye el Grupo Unidos por el Canal.
Pero desde el Canal comunicaron que el empresario de la construcción fue reemplazado de la presidencia del comité de Permisos de Compatibilidad por Marco Ameglio.
Para conocedores del tema, Corcione estaría renunciando tácitamente a su puesto en la directiva por el hecho de no participar en las reuniones, dado que no puede cumplir con sus obligaciones y responsabilidades como director.
Un exdirectivo de la ACP, que pidió que no se revelara su nombre, manifestó que la actual directiva tiene la “autoridad moral suficiente” para decirle a uno de sus miembros que presente su renuncia, ya que las investigaciones no ayudan a la organización. “El que no haya una clara manifestación de la junta directiva pidiéndole la renuncia es una demostración de que le están fallando al Canal porque no se autorregula”, sentenció.
Aseguró que detrás de este tema “hay demasiada complacencia”, pero recuerda que quien puede separar a a Corcione es el Presidente de la República.Mientras que José Chen Barría, miembro fundador del Instituto de Gobierno Corporativo Panamá, opina que Corcione debe separarse del cargo mientras se le investiga.
Por su parte, la directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, dijo que lo que cabe en este caso es que la directiva le pida a Corcione que renuncie a su cargo o se separe temporalmente, mas no aceptarle la copia de una carta en la que simplemente dice que se abstendrá de participar en las reuniones.
Además, Maytín observó que la carta de Corcione tiene como lugar de origen Panamá, pero su defensa legal alega que él está en el exterior.
Por su lado, un directivo de la ACP, que solicitó a este medio la reserva de su nombre, contó que a ellos les molesta que él [Corcione] trate “de arrastrar a la junta directiva en el problema”, y se aferre al puesto para decir que tiene una prerrogativa especial.
Agregó, además, que este tema lo ha manejado directamente el presidente Roberto Roy. Este medio llamó ayer a Roy para que hablara sobre el particular, pero no respondió a las llamadas telefónicas. Se conoció que se encuentra en Atlanta, Estados Unidos.
La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Angélica Maytín, ha solicitado a Roy que tome las medidas necesarias para separar a Corcione del puesto.
Citó el artículo 20 de la Ley Orgánica de la ACP [19 de 11 de junio de 1997] que dice: “los miembros de la junta directiva serán suspendidos y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso o contra la administración pública. La suspensión o remoción de los directores será aplicada sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda. Los directores también podrán ser suspendidos o removidos, por comprobada incapacidad física, mental o administrativa, mediante disposición del Presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Gabinete y la Asamblea Legislativa”.
El empresario Jorge Espino, socio de la firma Conceptos y Espacios, reveló que Corcione le pidió una coima de $600 mil a cambio de un contrato por $8.9 millones para remodelar el Tribunal Marítimo; obra que se ejecutó cuando Alejandro Moncada Luna presidía la CSJ. Por esta investigación Espino está detenido preventivamente.
