Joseph Martin Rodin, uno de los promotores del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis), no podrá abandonar el país.
El Juzgado Cuarto penal le rechazó una solicitud para viajar la próxima semana a Canadá.
Rodin, al igual que su socio Stephen Jones, tiene impedimento para salir del país. La medida cautelar se la impuso el procurador encargado, Giuseppe Bonissi, en marzo pasado, cuando la Corte remitió al Ministerio Público (MP) la investigación relacionada con las personas particulares que habrían participado en el supuesto soborno a legisladores, en el año 2001.
El juez suplente Eduardo De La Torre negó el permiso para viajar, al que también se oponía Bonissi, ya que –alegó– los motivos no eran de carácter urgente, sino para atender asuntos personales.
El juez consideró que a Rodin, a quien se le imputa el delito de corrupción de servidores públicos, se le concedió “las más benévola de las medidas cautelares”, como es, según él, el impedimento de salida del país.
En el escrito que presentó al juzgado para solicitar el permiso de salida, Rodin aseguró que no tenía intención de evadir esta investigación y que estaba dispuesto a cumplir con la ampliación de su indagatoria tan pronto retornara al país.
El empresario rindió indagatoria en el MP, en abril pasado.
No obstante, al ser llamado a declarar como testigo por el magistrado fiscal Abel Zamorano, el pasado 24 de noviembre, prefirió acogerse al artículo 25 de la Constitución y no declarar.
El expediente del Cemis se dividió en tres despachos: la Corte debe investigar a los diputados; el MP indagará a los particulares, y a la Asamblea le corresponde investigar a los magistrados. Esta última parte fue archivada, en abril pasado, por el pleno legislativo.
