El reclamo presentado por el consorcio Centralvías EP como parte del proceso de licitación por mejor valor para el proyecto de construcción de aceras, que promueve la Alcaldía de Panamá –valorado en $99.5 millones–, no fue admitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
La decisión se basó en que dicho reclamo fue presentado por una apoderada que tenía poder del consorcio, pero para otra licitación.
El acto está suspendido, mientras se resuelve otra acción que sí fue admitida.
PROCESO
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) no admitió la acción de reclamo interpuesta por el consorcio Centralvías EP, como parte del proceso de licitación por mejor valor para el proyecto de construcción de aceras que promueve la Alcaldía de Panamá, obra cuyo valor se calcula en $99 millones 510 mil.
De acuerdo con la resolución emitida por la DGCP, Centralvías EP otorgó poder a la abogada Sara Raquel Arjona para actuar en una licitación que no se corresponde con el reclamo.
Específicamente, el consorcio autorizó a la abogada para que actuara en la licitación por mejor valor para el estudio, diseño y construcción de la zona paga de la estación de San Isidro, pero no para el proyecto de aceras.
La entidad citó el artículo 132 de la Ley 22 de junio de 2006 de Contrataciones Públicas, que establece: “las reclamaciones que tengan cuantías superiores a los $50 mil, deberán ser interpuestas por apoderados legales, al igual que los recursos de impugnación”.
La DGCP precisó que “al confrontar el poder especial al que se hace alusión (...) advertimos que se enuncian hechos y pretensiones no cónsonas con el acto público para el cual dicha letrada está autorizada a representar a Centralvías EP”. Eduardo Corro, director de la DGCP también decidió ordenar el archivo del expediente.
Consultada por este medio, la abogada de Centralvías EP, Sara Arjona, dijo que harán las correcciones al reclamo, aunque agregó que no podía dar mayores detalles, porque no estaba autorizada para hacerlo.
VERSIÓN OFICIAL
Mientras, el director de la DGCP, Eduardo Corro, explicó a La Prensa que, en efecto, los abogados de Centralvías EP (Conalvías y Centralmix, S.A.) pueden corregir el reclamo y presentarlo nuevamente.
Confirmó que la licitación permanece suspendida por otro reclamo interpuesto por el otro consorcio en disputa, Espacios Públicos Vía España, constituido por la costarricense Constructora Meco, S.A., y la panameña constructora Rodsa, S.A.
La mencionada compañía solicitó la suspensión del acto de licitación y además pidió que se realice un nuevo análisis de las propuestas tanto de Odebrecht como de Centralvías EP, alegando que incumplieron con los “requisitos mínimos que se exigen en este proceso”.
El consorcio afirma que Odebrecht presentó un aviso de operaciones declarando la actividad de construcción, pero no la de diseño, por lo que incumplió el numeral 9 del pliego de condiciones, que dice que todo proponente interesado en participar en un procedimiento de selección de contratista deberá acreditar que tiene autorización para ejercer dicha autoridad comercial.
Asimismo, sustentó que la Constructora Norberto Odebrecht, S.A. tampoco presentó la idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y, más bien, entregó los contratos de otra empresa inscrita en dicha Junta Técnica, en este caso Constructora Norberto Odebrecht Panamá, S.A.
Otro de los aspectos señalados en el reclamo por el grupo de empresas es que Centralvías EP “no tiene la experiencia que se requiere en Panamá para realizar este proyecto”.
El consorcio denunció, además, que la constructora no contempló el costo de los terrenos para construir las mil 571 plazas de estacionamientos previstas en el proyecto.
CINCO DÍAS
Corro, por su lado, afirmó que “con una acción de reclamo es suficiente para suspender el acto de licitación”.
Aseguró también que ayer, miércoles, la DGCP recibió el informe de conducta y el expediente por parte del Municipio de Panamá, por lo que desde ayer tiene cinco días hábiles para pronunciarse sobre el tema.
LA HISTORIA
La comisión evaluadora, designada por el Municipio de Panamá para analizar las propuestas de las empresas interesadas en la obra insignia del alcalde José Isabel Blandón, emitió dos informes en ocho días.
En el primer documento, enviado a Blandón el pasado 15 de marzo, otorgó el mayor puntaje a Centralvías EP: 95.9, pero Blandón pidió revisar la propuesta de esta empresa, argumentando que no se habían tomado en cuenta algunos aspectos.
Afirmó que la propuesta del consorcio contemplaba la construcción de cinco edificios que albergarían mil 571 plazas de estacionamientos, pero no incluyó el presupuesto para la compra de los terrenos sobre los que se construirían los edificios.
Centralvías EP, por su parte, señala que la partida fija de afectaciones –de $2 millones– debería costear la compra de los terrenos destinados a la construcción de edificios de estacionamientos, mientras que el Municipio niega que en el pliego de condiciones figure ese escenario.
Y en el segundo informe, publicado el pasado 22 de marzo, se le rebajó 8.5 puntos a Centralvías EP y se aumentó 4.9 puntos a la calificación técnica de Odebrecht, por lo que la brasileña quedó con 98.76 puntos. Mientras tanto, el consorcio Espacios Públicos Vía España mantuvo los 85.55 puntos que le fueron otorgados en el primer informe.
Activistas de la sociedad civil advirtieron al alcalde capitalino que “es riesgoso para su imagen y para el país otorgarle una nueva contratación a Odebrecht”, sumida en escándalos de corrupción internacional.
Marcelo Odebrecht, quien fuera su presidente hasta diciembre pasado, fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión por corrupción activa sistemática y lavado de dinero.
Crean secretaría para analizar licitaciones
El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), anunciaron ayer la creación de una nueva oficina. Se trata de la Secretaría de Alto Nivel para la Prevención de Actos de Corrupción.
Esta dependencia, adscrita a la Antai, busca resolver en “muy poco tiempo” cualquier denuncia que pueda surgir en el marco de un proceso de licitación pública, particularmente cuando participen empresas transnacionales, expresó Angélica Maytín, directora de la Antai, quien estará a cargo de la nueva institución.
Por su parte, la canciller y vicepresidenta de la República, Isabel de Saint Malo de Alvarado, señaló que se trata de un modelo preventivo contra la corrupción que ya han puesto en práctica otros países de la región como Perú. El modelo, agregó, está concebido con los parámetros de los estudios y análisis de expertos del Instituto Basilea para la Gobernanza, con sede en Suiza.
Maytín explicó que el mecanismo para llevar a cabo una investigación por parte de la Secretaría requiere de la presentación de una denuncia de cualquiera de las partes involucradas en el proceso. El ente, según Maytín, trabajará de manera independiente al Gobierno y hará las investigaciones correspondientes sin frenar el proceso de licitación. “De encontrarse vicios de algún delito de corrupción, el caso se remitirá al Ministerio Público”, precisó.
La nueva oficina empezará con un plan piloto de un año [del próximo 1 de mayo al 1 de mayo de 2017] fijando su mirada en las contrataciones que haga la Caja de Seguro Social (CSS) por ser una de las entidades que más compras hace, señaló la canciller de Saint Malo de Alvarado.
Annette Planells, del Movimiento Independiente, consideró que la iniciativa “es muy buena”, y aplaudió el hecho de que se empiece con la CSS “que es una institución sumamente cuestionada (...)”. En tanto, el director de la CSS, Estivenson Girón, dijo estar complacido con el que se haya tomado en cuenta a la entidad que él dirige para la nueva fiscalización.
