La decisión de la comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional de aprobar aceleradamente en primer debate, al menos, 30 cambios a la propuesta de reformas electorales continuó generando controversias este jueves, 6 de octubre.
Uno de los temas que generó diferencias entre los mismos diputados, en el período de incidencias del pleno legislativo fue el incremento de 50 centésimos a 5 dólares del tope del financiamiento privado.
Ana Matilde Gómez y Juan Carlos Arango criticaron la decisión de sus colegas de la comisión, al sustentar que se da al traste con la iniciativa de poner coto a las millonarias campañas políticas. Arango, por ejemplo, dijo que existen sectores que quieren comercializar la democracia representativa.
José Muñoz, uno de los que apoyó el cambio, reiteró que sus colegas ignoran cómo funciona el sistema político o no conocen su país.
Adicionalmente, en los cambios se incluyeron nuevas regulaciones para limitar la campaña sucia en los procesos electorales. Otro de los cambios establece que de resultar un candidato elegido para dos o más cargos de elección, el favorecido deberá escoger el puesto a ejercer en un periodo máximo de cinco días hábiles después de ser proclamado.
La propuesta aprobada por la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional para incrementar de 50 centésimos a 5 dólares por elector el tope del financiamiento privado en la campaña electoral, ha generado opiniones divididas entre los propios diputados del Órgano Legislativo.
La discusión se dio en el periodo de incidencias de la sesión de ayer en el pleno.
La independiente Ana Matilde Gómez le pidió a sus colegas reflexionar sobre el hecho de que las reformas son el esqueleto de un cuerpo que ha dado signos de agotamiento. Y una vez más trajo al debate el papel de un diputado. “La gente insiste en seguirle pidiendo obras a los diputados, y la pregunta es, ¿quiénes son los que pueden llevar obras a sus comunidades..., los diputados que cambian las obras por los votos en la Asamblea?”, consultó.
Gómez, quien llegó a la Asamblea con los votos del circuito 8-7, aseguró estar cansada de que en la Asamblea los diputados tengan que someterse y ser sumisos para atender las solicitudes de las comunidades a las que se representan. “Yo no estoy prometiendo calles, porque yo no vine aquí a hacer calles, yo no vine aquí a hacer aceras. Yo no puedo dar trabajo porque yo no soy oficina de empleo, pero ya está bueno de que hayan diputados que se pueden parar a decir que ellos ya tienen la escuela para su comunidad... que ya llevan la carretera, que ya les aprobaron los 30 millones y demás (...)”, precisó.
Gómez le pidió a los diputados que reflexionen sobre la premisa de que o hay financiamiento público, o hay financiamiento privado. Sugirió que si se va a apostar por el privado, que este sea transparente y público. Y recomendó, además, que se debe dar a conocer “quiénes son los donantes y cuánto dan”. “Resulta que porque uno recibe dinero, creen que uno no tiene autonomía de criterio, o que tiene que endosarle la conciencia, yo no tengo ese problema”, planteó.
Mientras que el diputado Juan Carlos Arango, del Partido Popular, manifestó que hay sectores que quieren comercializar la democracia representativa que existe en Panamá.
“Si seguimos así vamos a entrar en un camino irreversible y es importante que este proyecto llegue al pleno lo antes posible para hacerle los cambios correspondientes. O la empresa privada va a patrocinar a los candidatos, o el Gobierno va a patrocinar a los partidos políticos; pero no pueden ser los dos”, argumentó.
LOS DEFENSORES
La controversial propuesta que provocó la crítica ciudadana apenas se informó del cambio introducido a última hora, tiene a un grupo de defensores en el Palacio Justo Arosemena. Uno de ellos es el diputado del partido Cambio Democrático (CD), José Muñoz.
Muñoz, quien en el quinquenio pasado fungió como presidente de la Asamblea Nacional, dice, por ejemplo, que los que se oponen al cambio de última hora introducido al proyecto de ley 292, ignoran cómo funciona el sistema político o no conocen su país.
Mencionó que los circuitos 5-1 y 5-2 en la provincia de Darién tienen una geografía diferente a la de los circuitos 8-9 y 8-10, de la capital. Manifestó que el tope de 5 dólares aprobado es para que en el pleno los 71 diputados tomen una decisión, porque cada uno conoce su condición política y sabe lo que cuesta una campaña.
Aseguró que cuando el proyecto de reformas llegue al hemiciclo legislativo se hará un cuadro para fijar el tope en el financiamiento privado por circuitos electorales, de acuerdo con la necesidad real de cada circunscripción.
“Pueden ser 5 dólares, 3 o 1 dólar o menos, pero fijar 50 centésimos puede ser riesgoso, porque una vez se le acabe ese dinero, el aspirante va a buscar la manera de conseguir más recursos y entonces sí va a estar fuera de la ley”, advirtió.
Mientras que el perredista Leandro Ávila dijo que lo que va a suceder con un tope de 50 centésimos es que habrá un montón de dinero no declarado por algunos aspirantes. “Quiero saber si una campaña en zonas rurales se puede hacer con 10 mil dólares o una campaña en San Miguelito se puede hacer con 72 mil dólares. A mí me gustaría que fuera con cero plata y que fuera con base al debate, pero la realidad actual es otra cosa”, destacó.
En tanto, Melitón Arrocha, del oficialista Partido Panameñista, aunque no emitió opinión sobre el incremento del tope a 5 dólares, manifestó que la población está ávida de saber en qué se gastan los partidos políticos los fondos que el Estado destina de cara a los torneos electorales.
El proyecto, aprobado en primer debate por la comisión de Gobierno de la Asamblea el pasado miércoles 5 de octubre, incluye otros ajustes a la propuesta original. Se establece, por ejemplo, que de resultar un candidato elegido para dos o más cargos de elección popular, el favorecido deberá manifestar la elección del cargo a ejercer en un periodo máximo de cinco días hábiles después de ser proclamado. De igual manera, se establecen prohibiciones en la propaganda electoral, entendiendo como campaña sucia la que ofenda la dignidad humana con la utilización de insultos.
También se incluye en este aspecto las incursiones en la vida privada, la discriminación y las aseveraciones de conductas ilegales que no se hayan dictaminado por los tribunales competentes, o que promuevan la violencia o atenten contra las leyes.
En tanto, que la declaratoria de nulidad de cualquier tipo de elección conllevará la celebración de nuevas elecciones, cuando se afecte el derecho de los candidatos proclamados. La propuesta será debatida cuando aparezca en el orden del día de los temas a debatir en el pleno.
