La empresa Ocean Pollution Control (OPC) ha sido el centro de numerosas polémicas que han puesto en duda la forma en que se dio su concesión en 1997, bajo la administración de Hugo Torrrijos en la antigua Autoridad Portuaria de Panamá.
El 26 de abril de 1999, a cinco meses de que culminara la presidencia de Ernesto Pérez Balladares, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Rubén Reyna, aprobó una adenda para que OPC también cobrara una tasa de prevención por contaminación a cada embarcación que tocara puerto panameño.
Allí se completa el negocio de OPC. Esta tasa le generó ingresos a la empresa que se incrementaron gradualmente de 2 millones a 6 millones de dólares.
El pasado jueves, la junta directiva de la AMP aprobó una resolución reduciendo la tasa, de 2 centésimos a 0.00001 de dólar por tonelada, un duro golpe a los ingresos que recibió OPC desde que entró en vigencia la adenda que la benefició.
Pero los primeros escollos de OPC salen a relucir en 2001, durante el gobierno de Mireya Moscoso, cuando se presentan informes de auditorías ordenadas por el ex administrador de la Autoridad Portuaria de Panamá Jerry Salazar, que indican que la empresa incumplió varias cláusulas del contrato y su programa de inversión en los primeros años.
Según documentos obtenidos por este diario, hay dos reportes que recibió Salazar en los que se establecía que OPC incumplió con sus obligaciones, y que la empresa operó y generó ingresos con los equipos de la AMP durante dos años. Incluso, el auditor Temístocles Sánchez le recomendó a Salazar que pidiera a la Contraloría que empezara una investigación para determinar la lesión patrimonial en este caso.
Tres años más tarde, aún en el gobierno de Moscoso, el entonces contralor, Alvin Weeden, pidió que se declarara nula la concesión por considerarla lesiva para el Estado. Además, vinculó a OPC con Hugo Torrijos y con Rubén Reyna,
La acción del Contralor no prosperó y la Corte Suprema declaró legal el contrato de OPC.
En la actualidad, la empresa tiene como subgerente general a Juan Reyna (hijo de Rubén Reyna), y como dueño sigue apareciendo solamente Jovan Vukelja.
La Organización Marítima Internacional (OMI) también tuvo su intervención por el tema de la tasa que cobra la empresa OPC por el servicio de control de contaminación.
El organismo dejó sentada su posición en 2001: que la función de control de la contaminación es una responsabilidad de cada país, y no de una empresa privada.
“Esta responsabilidad debe ser reasumida por el departamento de Prevención de la Contaminación Marina de la AMP”, recalcó la OMI en un informe.
Agregó que, debido a las prerrogativas dadas a OPC, el departamento de Prevención de la Contaminación Marina de la AMP fue erróneamente reducido a su mínima expresión.
La OMI recomendó a las autoridades panameñas utilizar los ingresos provenientes de la tasa de prevención que hasta ahora cobra OPC, “para desarrollar las capacidades de la AMP para prevenir y combatir la contaminación en los puertos de Balboa, Cristóbal, Coco Solo, Manzanillo, Bahía Las Minas y el resto de las terminales marítimas”.
Las recomendaciones de la OMI no fueron tomadas en cuenta.
